Si el 9 de febrero el Tribunal Constitucional avalaba la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el 22 de marzo la ley de eutanasia de Pedro Sánchez, ahora le toca el turno a la la Lomloe. El Pleno avalaba ayer íntegramente la legislación educativa cocinada por la hoy embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá.
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El principal punto de fricción ha sido la prohibición de que los centros educativos reciban fondos públicos si separan por sexo. Por tanto, estos tienen dos opciones: ser privados o aceptar a niños y niñas en las mismas aulas.
Educación diferenciada y educación especial
La corte de garantías ha decidido por mayoría elaborar una nueva ponencia que desestime el recurso presentado por Vox en 2021 y que será llevada a un Pleno en las próximas semanas. La ponencia la asumirá el magistrado conservador Ricardo Enriquez, una vez que se ha rechazado su borrador inicial que avalaba la norma aunque con dos objeciones: la relativa a la separación por sexo y la relativa a la educación especial.
En concreto, la Lomloe detalla que “los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas” y “no separarán al alumnado por su género”. Por su parte, “las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”
Asimismo, la ley socialista también prohíbe que las administraciones cedan suelo público gratis para la construcción de centros privados/concertados. La misma ley elimina el criterio de demanda social en la programación de plazas financiadas con dinero público, con lo que los concertados no pueden abrir nuevos centros o aumentar las plazas en los existentes.
