La Iglesia pagará a partir de ahora el ICIO, el único ‘privilegio’ que hoy por hoy contaba en materia de impuestos. Así lo recoge una nota emitida por la Conferencia Episcopal Española en la que se apunta que los obispos y Moncloa, “con el asenso de la Santa Sede”, se procede a tramitar ante el Vaticano la renuncia a las exenciones, derivadas de los Acuerdos Iglesia-Estado, que afectan “a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”.
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En el comunicado se subraya que esta decisión es “fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Iglesia católica en materia de fiscalidad”. ¿El motivo de este cambio? Tal y como se refleja en el texto, se trataría de “la voluntad compartida” entre la Iglesia y el Ejecutivo de Pedro Sánchez de “equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”. Según diversas fuentes, se calcula que la Iglesia se podría llegar a ahorrar con la exención de este impuesto hasta 12 millones de euros.
Canje de notas
El acuerdo se hará efectivo hoy mismo mediante el correspondiente canje de notas entre Gobierno y Nunciatura Apostólica. Para hacerlo efectivo, el Gobierno procederá en breve a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del ICIO en los Acuerdos Iglesia-Estado.
Tal y como adelantó ‘Vida Nueva’ en marzo de 2019, los obispos buscaban eliminar esta exención sin necesidad de iniciar trámites parlamentarios o acudir a los tribunales. Según pudo confirmar entonces esta revista de fuentes del Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero, la reforma contó tanto con el respaldo del Ejecutivo socialista como de la vicesecretaría para Asuntos Económicos del Episcopado, por lo que ambas partes decidieron levantar la bandera blanca.
Sentencia europea
Lo cierto es que la polémica sobre el pago o no de este impuesto surgió tras un litigio abierto entre el Ayuntamiento de Getafe y los padres escolapios por la ampliación del salón de actos en su colegio. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2017 respaldó al Consistorio liderado por la socialista Sara Hernández.
Tras este pronunciamiento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid condenó al colegio La Inmaculada a pagar 23.730 euros al entender que en dicho centro desarrolla actividades ajenas a las estrictamente religiosas y a la enseñanza subvencionada por el Estado. La sentencia, pionera en España y hecha pública el 8 de enero de 2018, convirtió al Ayuntamiento madrileño en la primera administración del país en reclamar el cobro de un impuesto a una institución de la Iglesia con el respaldo de la Justicia.
