“No venimos aquí a defender religiones. Venimos aquí porque pensamos como piensa el moderno derecho eclesiástico del Estado” dijo el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, ante la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Experta que tiene por función elaborar el anteproyecto constitucional para ser discutido por los 50 integrantes del Consejo Constitucional que serán elegidos en votación nacional el domingo 7 de mayo.
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En la base de la democracia
González fue invitado a exponer a nombre de las confesiones religiosas que participan en la Mesa de Trabajo que coordina el obispo católico. En su intervención, González valoró la posibilidad de presentarse ante este organismo, destacando que representa cerca del 90% de las espiritualidades presentes en Chile.
Luego, manifestó la importancia de que la libertad religiosa y de culto queden expresadas en la nueva carta fundamental, de manera más acorde con la realidad de este país, considerando la evolución de los derechos fundamentales, de los Tratados internacionales y de los derechos humanos. “Que el derecho a la libertad religiosa, de conciencia y sus consecuencias quede de manifiesto en la Carta Fundamental, pensamos nosotros, es la base de una verdadera democracia”, afirmó el obispo.
Derecho eclesiástico del Estado
Esa concepción actual del derecho eclesiástico del Estado la defendió González señalando que “para la nación, para todos los países, el hecho religioso constituye un factor social relevante que tiene que ser considerado y eso es lo que hoy día se conoce en el derecho moderno como derecho eclesiástico del Estado: cómo trata el Estado el factor religioso, más allá si se trata de esta confesión o de esta otra, sino de cualquier confesión”.
La Comisión Experta tiene 24 integrantes elegidos por 4/7 del Congreso Nacional: una mitad en la Cámara de Diputadas y Diputados y la otra en el Senado. Comenzó a funcionar el 6 de marzo y debe entregar su propuesta al Consejo Constitucional que iniciará su tarea el 7 de junio con los 50 integrantes electos el 7 de mayo. Este Consejo tiene un plazo de 5 meses para funcionar y entregar la propuesta que será votada en un plebiscito el 17 de diciembre próximo.
