Desde ayer, 3 de mayo, y hasta el sábado 6, la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores se reúne en asamblea plenaria. El encuentro, que se celebra en el Palazzo Maffei Marescotti, en Roma, es el primero que tiene lugar tras la polémica salida del organismo de Hans Zollner, uno de los grandes exponentes de la misma desde su creación, en 2014.
Semanas atrás, ante la decepción del responsable de la comisión, el cardenal estadunidense Seán Patrick O’Malley, el jesuita alemán justificó su dimisión mientras daba a entender que la comisión antiabusos del Vaticano ha entrado en una deriva en la que los propios miembros no tienen claras sus competencias y se impone la “falta de transparencia”, contando con “obstáculos” internos más que apreciables.
Como asegura ‘Vatican News’, la plenaria buscará “hacer un balance” de estos seis meses, pues, en septiembre de 2022, se modificó en parte el plantel de miembros del organismo (hubo 10 nombramientos) con el fin concretar “el trabajo de implementación del nuevo mandato contenido en la constitución ‘Praedicate Evangelium’”.
Según explica la Santa Sede, la reflexión se está centrando “en un debate abierto sobre cómo definir mejor los métodos de trabajo, las funciones y las responsabilidades”. En este sentido, “la comisión está estudiando un Marco Universal de Directrices que actualice el publicado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe en 2011, destinado a ayudar a las conferencias episcopales a elaborar directrices para tratar los casos de abusos sexuales a menores perpetrados por clérigos. Además, la comisión debe examinar una propuesta de herramienta de verificación, también solicitada por el Papa, que se utilizará junto con las directrices”.
También, siguiendo lo dispuesto por el Papa en el motu proprio ‘Vos Estis Lux Mundi’, “se está estudiando una revisión de la labor de sensibilización y asistencia de la comisión a las conferencias episcopales que necesitan poner en marcha procedimientos de denuncia para quienes han sufrido abusos sexuales”. De hecho, el deseo de Francisco es “asegurar que existan oficinas apropiadas a nivel de cada Iglesia particular”.
La plenaria de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores se celebra en plena crisis de la misma, pues, precisamente hoy, se ha conocido que la irlandesa Marie Collins, víctima y conocida activista contra esta lacra eclesial, y la ex expresidenta de dicho país, Mary McAleese, han escrito una carta al Papa en la que muestran su “profunda preocupación” por la salida de la comisión de Zollner, “su miembro fundador más experimentado, respetado a nivel mundial y distinguido”.
Como recoge ‘The Irish Times’, en la misiva, ambas solicitan al Papa una auditoría “independiente y externa” que “revise” el funcionamiento actual de la comisión antiabusos. Para ellas, “la honestidad y la integridad” del jesuita alemán “estaban fuera de toda duda”, siendo “insuperable” su “compromiso con la protección de la infancia en la Iglesia”. De ahí que sean condenables los movimientos que observan dentro de altas instancias de la Curia para “desacreditar” su figura.
Por ello, McAleese y Collins reclaman a Bergoglio que tome cartas en el asunto para evitar que, tras la dimisión de Zollner, ante el “daño existencial” que ha sufrido la “reputación” de la comisión, esta “se hunda sin dejar rastro y se lleve consigo la credibilidad de la Santa Sede”.
Y es que, aunque “en sus inicios” la comisión fue “una iniciativa papal bienvenida y muy necesaria”, hoy, “una década después, necesita otra intervención papal”. En caso de que no sea así, creen que “la comisión se hundirá y, desgraciadamente, cuando la Santa Sede presente su próximo informe periódico al Comité de los Derechos del Niño [de la ONU], es probable que haya consternación en Ginebra por este giro de los acontecimientos”.