El gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de otra Cáritas diocesana

09/05/2023 | Miroslava López

De acuerdo con información de Ortega, la entidad eclesial lo había pedido por falta de recursos para realizar su labor

La personalidad jurídica de la Cáritas diocesana de León, en Nicaragua, fue cancelada debido a una disminución en sus fondos que no le permitía llevar a cabo su labor.

Fue este lunes 8 de mayo cuando el gobierno nicaragüense dio a conocer la situación de esta Cáritas diocesana, una de las ocho que aún se encuentran funcionando en esa nación centroamericana.

La cancelación ya había sido acordada por “disolución voluntaria de miembros”, y aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, de acuerdo a lo publicado en La Gaceta, el diario oficial del Ejecutivo.

Según el Ministerio de Gobernación de Nicaragua, ya Cáritas Nicaragua había pedido la cancelación jurídica de forma voluntaria el pasado 31 de diciembre por tener recursos mermados para llevar a cabo su trabajo.

Una veintena de instancias ilegalizadas

Cáritas de León, cuya diócesis es dirigida por el obispo de León y Chinandega (noroeste), Sócrates René Sándigo Jirón, tenía su estatus legal desde el 31 de octubre de 2014.

Cabe recordar que el pasado 7 de marzo, el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló dos universidades privadas nicaragüenses, con lo que sumaban hasta entonces 19 las instancias ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas siete de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.

Junto a ellas, se canceló la personalidad jurídica de Cáritas de Nicaragua porque desde 2019, el organismo tiene problemas para recibir ayudas internaciones y realizar sus labores de orden social y pastoral, según Vatican News.

La cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas de León también ocurre en un momento donde las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano están tensas, por el encarcelamiento de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, quien fue condenado a 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado del país y despojado de la nacionalidad.