“¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?”. Con esta pregunta, Cáritas Española insta al Ejecutivo a que “apruebe urgentemente el anteproyecto de ley” contra la trata de personas en el próximo Consejo de Ministros”, ya que, según la organización, “estamos en un momento crítico a nivel político con elecciones autonómicas y municipales muy próximas y con España ostentando la Presidencia de la UE a partir del 1 de julio de 2023”.
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“El Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad para que la ley se pueda tramitar de forma urgente en el Parlamento y se apruebe antes de que se produzca la disolución de las Cortes Generales en el último trimestre del año”, continúa Cáritas, advirtiendo que, de no hacerse, “lamentablemente España habrá incumplido con su compromiso con las víctimas de trata de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales”. “Solo se trata de voluntad política. ¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?”, insiste la organización.
Garantizar la protección de las víctimas
Cáritas Española se suma así a la petición de la Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), de la que es entidad colaboradora, de “garantizar de manera integral la protección de las víctimas de trata y explotación de seres humanos en todas sus formas”.
Y es que, según señala la organización, “según datos de 2022 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, tan solo 129 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las más de 6.600 personas detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos y explotación sexual”. “Estos datos no reflejan la dimensión real de esta grave violación de derechos humanos. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) se calcula que, por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar”, aseveran.
