El gobierno de Bolivia ha hecho pública una carta de cuatro páginas enviada al papa Francisco por el presidente Luis Arce tras desvelarse una serie de casos de abusos a menores por parte de misioneros españoles. Una misiva en la que reclama el acceso a los archivos de casos de pederastia por parte de la Justicia del país. Además, expresa una serie de medidas como el hecho de que el Ejecutivo se reserva el derecho de admisión de nuevos sacerdotes extranjeros.
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“Sabedores que la Iglesia católica, bajo su conducción, ha realizado investigaciones sobre hechos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes en diferentes latitudes del mundo, que tienen identificados casos y presuntos autores, pido a usted que la Justicia boliviana pueda acceder a todos los archivos, expedientes e información referente a estas denuncias y hechos de abuso sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos católicos en territorio boliviano”, señala expresamente el presidente en la carta.
Nuevas medidas
Arce se muestra “consternado e indignado” por estos “delitos deplorables y aberrantes” que “fueron ocultos durante años, tiempo que transcurrió en aparente normalidad por el silencio cómplice de la estructura eclesial local, que encubrió los mismos con una inaceptable indiferencia e indolencia”. Para el presidente estos hechos “no son errores o desviaciones de conducta, son delitos que dañan de por vida a niñas y niños, y que también dañan a la Iglesia, y por esa misma razón, debe pasarse de estos pronunciamientos a acciones concretas, para que haya justicia y que estos gravísimos delitos no vuelvan a cometerse, utilizando la fe y a la Iglesia en búsqueda de impunidad”.
El presidente anuncia medidas un anteproyecto de ley contra la impunidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes, la creación de una Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de estos delitos, así como una “revisión conjunta” de los “antecedentes de los sacerdotes católicos extranjeros que actualmente se encuentran” en Bolivia. Arce reclama “unir esfuerzos en todos los ámbitos para proteger a nuestra niñez, desde todas las instancias llamadas por ley a nivel gubernamental, pero también desde las instituciones religiosas, más aún cuando existen muchas bolivianas y bolivianos que profesan la fe católica, y que por lo tanto confían la educación de sus hijas e hijos a miembros de la Iglesia, y por sacerdotes involucrados en delitos sexuales se daña gravemente esa misión”.
