Desde hace una semana, el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega comenzó a congelar las cuentas bancarias de las diócesis del país, principalmente de la arquidiócesis de Managua, así como de las diócesis de Matagalpa y Estelí, ambas a cargo del obispo Rolando Álvarez, siendo ordinario de la primera y administrador apostólico de la segunda.
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El obispo Álvarez se encuentra en este momento purgando una condena de 26 años de cárcel acusado de traición a la patria.
Según una fuente anónima entrevistada por medios de comunicación locales, las instituciones bancarias que reportaron el bloqueo de las cuentas fueron Bancentro, BDF y Banpro.
Dos sacerdotes de la diócesis de Estelí -dijo la fuente consultada- intentaron hacer una transacción de un recurso “que tenía monseñor Abelardo Mata para construir un hospital, pero el banco no hizo la transferencia, y dijeron que el gobierno va a investigar la transferencia de los fondos”.
Asfixia económica a la Iglesia
Por su parte, en su cuenta de Twitter, la investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina, quien se encuentra en el exilio y es autora del informe ‘Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?’, reportó que probó transferir dinero a la cuenta bancaria de BAC y LAFISE de la arquidiócesis de Managua, con lo que pudo comprobar el bloqueo a la cuenta, pues le aparecía como inválida.
Asimismo, algunos colegios parroquiales le informaron del bloqueo a sus cuentas bancarias. Para Molina, “la fórmula de la dictadura es congelar cuentas para después confiscar las propiedades”.
La investigadora externó su preocupación ante lo que, dijo, tiene como objetivo asfixiar económicamente a las iglesias y obligar su cierre.
Calificó el actuar del gobierno como arbitrario, ilegal y temerario; no obstante, motivó a la comunidad católica a intensificar las oraciones y “cooperar económicamente con nuestras iglesias para que puedan cumplir con sus obligaciones financieras y administrativas”.
