La violencia creciente en Sudán, donde desde el 15 de abril hay un enfrentamiento directo entre el general Abdel Fatah al Burhan y Mohamed Hamdan Daglo, líder de los paramilitares de las RSF, se ha generado una crisis humanitaria que afecta al conjunto de la región africana. De hecho, según documenta la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), son ya 1.361.308 sudaneses que se han visto obligados a dejar su hogar. De ellos, 1.042.114 son desplazados internos en el propio país y 319.194 ya han salido a las naciones vecinas, fundamentalmente, Etiopía, Chad y Sudán del Sur. Como explica en una nota la ONG jesuita Entreculturas, junto al Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), “existe un compromiso firme de apoyo a las personas que se están viendo forzadas a abandonar Sudán”.
Así lo expresa Luca Fabris, responsable del Departamento de África de Entreculturas, que añade que las organizaciones jesuitas, junto a otras entidades locales de Etiopía, Chad y Sudán del Sur, están trabajando en la acogida y atención de las personas desplazadas que llegan hasta sus fronteras.
En Sudán del Sur, por ejemplo, “se ha activado un operativo de acogida en la ciudad fronteriza de Renk, principal punto de acceso de las personas refugiadas procedentes de Sudán”. En este enclave, “se están distribuyendo bienes de primera necesidad, además de atender médica y psicológicamente, a la vez que se están estableciendo espacios seguros para niños y niñas y transportes seguros para el reasentamiento dentro del país”.
En Chad, “la respuesta se está llevando a cabo en estrecha colaboración con ACNUR, priorizando la protección de la infancia y de la población joven, especialmente desde el ámbito educativo. A través de las escuelas del SJR que se encuentran en los campos donde está siendo atendida la población refugiada sudanesa, las principales actividades están siendo orientadas a proporcionar rehabilitación psicológica y emocional, y servicios especializados de atención a la discapacidad y a las víctimas de violencia sexual”. En paralelo, “también se está realizando un trabajo específico con las familias para sensibilizar sobre la prevención, detección y respuesta a episodios de violencia contra la infancia”.
En estos momentos, “la escasez de comida y el aumento de precios” dificultan “aún más el acceso de la población a alimentos adecuados”. Habiendo además “falta de acceso a agua potable segura”, la situación puede desembocar en una fuerte crisis alimentaria y sanitaria.
“Todos estos efectos combinados generan un panorama desolador y han forzado a que miles de familias huyan de sus hogares”, lamenta Fabris.