El Servicio Jesuita a Migrantes, preocupado por el “deterioro de la salud mental y el internamiento de menores” en los CIE

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado esta mañana su Informe Anual 2022 sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) bajo el título ‘Diferencias que generan desigualdad’, en una rueda de prensa celebrada en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

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El estudio analiza “las lagunas existentes en el reglamento que dan pie a diferentes regímenes interiores en cada CIE, generando desigualdad de derechos de las personas internadas”, según han puesto de manifiesto.

Por ello, reclaman a las direcciones de los centros y juzgados de control una armonización en las normas de régimen interior para eliminar las diferencias que generan desigualdad de derechos en los CIE.

Cifras fuera de tiempo

El SJM vuelve a denunciar, un año más, que las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Interior llegan “de nuevo fuera de los plazos estipulados por la Ley de Transparencia en una muestra de opacidad”.

Así, estas revelan preocupaciones sobre la situación de las personas internas, especialmente en lo que refiere al deterioro de su salud mental. De hecho, un estudio de la Universidad de Sevilla para valorar el nivel de salud mental de las personas internas observó sintomatología ansiosa y depresiva, así como intentos de autolesiones en siete de cada 10 personas entrevistadas. En el 70% de los casos, los síntomas comenzaron con el internamiento.

También muestran preocupación por situaciones de internamiento que no deberían producirse, como en el caso de menores de edad, ciudadanos con nacionalidad comunitaria solicitantes de protección en otros países, mujeres que han sufrido violencia de género o personas con largas trayectorias de arraigo. En este sentido, “se requiere un mayor discernimiento en los procedimientos de autorización de internamiento”, señalan.

Un total de 2.276 personas fueron internadas en los seis CIE operativos en 2022, lo que supone un ligero aumento respecto al año anterior debido a las medidas de prevención de contagios y por las políticas de readmisión de otros Estados. En las cifras oficiales destaca la identificación de 11 menores de edad en los centros, así como la activación de protocolos de prevención de suicidios en 51 ocasiones en 2022.

Además, 44 mujeres fueron internadas, de nacionalidades muy variadas; 23 de ellas solicitaron protección internacional, solicitud que fue admitida a trámite en nueve casos.

“El internamiento es un fracaso”

Como ha destacado durante la presentación el jesuita Josep Buades, director de la Asociación Claver-SJM y redactor del Informe – acompañado por Jorge del Cura, del Centro de Prevención y Denuncia contra la Tortura; Ana Bosch abogada de Pueblos Unidos; y María Morell, abogada y coordinadora del equipo de visitas CIE Zapadores-, “algunas personas internas sufrieron agresiones, y siguieron encontrando trabas para denunciarlas y que se investigaran”.

Por otro lado, según el jesuita catalán, “las cifras vuelven a mostrar que casi la mitad de las personas internadas en CIE acaba puesta en libertad, más de dos tercios en el caso de las mujeres”. “El internamiento en CIE criminaliza a las personas migrantes privadas de libertad de un modo que tiene mucho de arbitrario y desproporcionado. Si a ello se le añaden las vulneraciones de derechos identificadas dentro de los CIE, es preciso calificar como un fracaso la institución del internamiento”, ha aseverado.

Las siete propuestas del SJM

En el Informe se detallan siete propuestas para “garantizar derechos insuficientemente preservados, cuando no vulnerados, en el internamiento”.

A la Dirección General de la Policía:

1. “Que, en ejercicio de las competencias de coordinación e inspección de los CIE previstas en el art. 3 RD 162/ 2014, armonice las normas de régimen interior dictadas, eliminando diferencias que generan desigualdad, velando por la máxima protección de todos los derechos que quedan afectados en la práctica por la privación de libertad ambulatoria”.

2. “Que extienda a todos los CIE las medidas relativas a la investigación de quejas y denuncias por malos tratos, a los procedimientos de solicitud de protección internacional, a los proyectos de carácter social, al derecho a la salud y a la protección de posibles víctimas de violencia de género acordadas por los jueces de control del CIE de Madrid”.

3. “Que incorpore en el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio médico-sanitario las sugerencias y recomendaciones del Defensor del Pueblo al respecto, en especial, teniendo en cuenta la atención necesaria a los problemas de salud mental, incluyendo la asistencia psicológica en la cartera de servicios”.

A los directores de todos los CIE:

4. “Que dicten y publiquen normas de régimen interior de acuerdo con lo dispuesto en el título IV del RD 162/ 2014, comprendiendo todas las materias a las que se refieren los artículos del 40 al 47”.

A los jueces de instrucción:

5. “Llamados a resolver solicitudes de autorización de internamiento en CIE (62.1 de la LO 4/2000) y, por extensión, a los demás operadores jurídicos que intervienen en el procedimiento: que extremen el discernimiento al valorar conforme al principio de proporcionalidad la existencia de condenas o sanciones administrativas previas, otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores; dando peso a la ciudadanía UE, al régimen comunitario, a los indicadores de arraigo (tiempo de residencia efectiva en España, familiares residentes o con nacionalidad española…) y a factores de vulnerabilidad (género, edad, salud física o psíquica…)”.

A los titulares de todos los juzgados de control de estancia en CIE:

6. “Con el debido respeto a la independencia de la que gozan y de que conocen sin ulterior recurso de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales (62.6 de la LO 4/ 2000), que pongan remedio a las diferencias de régimen que generan desigualdad en el reconocimiento de derechos, supliendo la falta de un mecanismo judicial que forme una doctrina común relativa al internamiento”.

A los responsables de elaborar los programas electorales en todos los partidos políticos:

7. “Que se comprometan a poner fin al internamiento y cerrar los CIE, y que hasta tanto se logre el objetivo previamente planteado se comprometan a modificar la normativa y a incidir en la actividad administrativa para reducir el carácter lesivo de la privación de libertad ambulatoria como medida cautelar en procedimientos de expulsión y devolución”.

Los CIE en cifras

• Hubo 2.276 personas internadas en CIE, de las que 2.232 varones y 44 mujeres.
• Se practicaron 45 pruebas de determinación de la edad a adolescentes, de los que 11 fueron reconocidos como menores (lo cual implicó su puesta en libertad).
• Entre las personas internadas en CIE 42 eran comunitarias (ciudadanía UE).
• 932 personas internas solicitaron protección internacional desde un CIE.
• Los internamientos se extendieron durante 30,20 días por término medio (descontados los CIE de Tenerife, donde no hubo internos, y Murcia, donde los hubo apenas en el último trimestre).
• 185 personas internas fueron encerradas en habitaciones de separación temporal: el 38,92% por comportamiento violento, el 33,51% por COVID-19, el 15,13 % por amenazas o intentos de autolesión, el 7,03% por otras razones médicas y el 5,40% por otras causas que no se detallan.
• Se activó el protocolo de prevención de suicidios en 51 ocasiones: 27 en Madrid, 14 en Valencia, 9 en Barcelona y 1 en Murcia.
• 1.178 personas fueron internadas por causa de expulsión (51,76%), 1.097 por causas de devolución (48,20%), y una por denegación de entrada.
• Entre las personas internadas por causa de expulsión cabe destacar la cifra de 945 por mera estancia irregular (40,86% del total de personas internadas).
• Entre las personas internadas por causa de devolución cabe destacar la cifra de 930 que habían entrado ilegalmente en España a bordo de una patera (41,52%).
• Se registraron 2.402 salidas de CIE. De acuerdo con las causas, destacan las 1.276 devueltas o expulsadas (53,12%) y las 1.072 puestas en libertad (44,63%). Un 29,55% de las mujeres salió para ejecutar su retorno, mientras que el 70,45% salió en libertad.