La Conferencia Episcopal de Nicaragua “debería lanzar un SOS mundial por las agresiones en contra de la Iglesia”, las cuales no cesan; entre estas últimas, está el bloqueo de cuentas bancarias a varias diócesis y a algunos sacerdotes, así como la acusación de lavado de dinero por parte del gobierno de Daniel Ortega.
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En entrevista para Vida Nueva, la abogada e investigadora nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina, aseguró que si el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, así como otros obispos y sacerdotes, “han callado, es para proteger a su feligresía y para evitar la cárcel”.
“Entiendo que el cardenal Brenes -y en general la Conferencia Episcopal de Nicaragua- está en una posición complicadísima, entre la necesidad de que la Iglesia siga operando y funcionando, y la defensa también de los derechos humanos y del pueblo nicaragüense. No es una posición sencilla”, sostuvo.
Y es que -explicó- las agresiones han ido en aumento; fue en 2018 cuando los sacerdotes acompañaron al pueblo en su dolor, luego de que el Estado reprimió las manifestaciones iniciadas en contra de las reformas al sistema de seguridad social.
La Iglesia haciendo frente a la dictadura
“Los sacerdotes acompañaron a los familiares de los presos políticos, de los secuestrados y desaparecidos; enterrar a los muertos, hacer misas de cuerpo presente, confesar a la gente, acompañar a las madres cuando les entregaban a los hijos asesinados; había sacerdotes que pedían retirar los cuerpos asesinados y masacrados, y se los llevaban a las madres, ese era el trabajo que realizaba la Iglesia católica, los obispos y los sacerdotes”, dijo al referirse a los meses que duró la crisis social en Nicaragua que dejó 355 muertos de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La actuación de los religiosos -continuó- “incomodó a la dictadura y comenzó a atacar a la Iglesia. En un primer momento, los ataques iban encaminados a crear temor en los sacerdotes para que dejaran de realizar la labor profética, pero a medida que pasó el tiempo, las agresiones fueron más, y hemos llegado, pues, hasta esta situación del congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis de las parroquias, y también de los colegios parroquiales, así como de las casas de formación”.
Esto lo hace la dictadura -dijo Molina- “con el afán de venganza en contra de la Iglesia porque es la única institución que queda haciendo frente; Daniel Ortega y su esposa se han encargado de destruir por completo todos los espacios democráticos y de participación ciudadana que existían en el país; el sandinismo ha desbaratado toda la democracia, por eso es que en Nicaragua no existe la institucionalidad, y mucho menos la división de poder”.
Para la investigadora, lo que necesita en este momento la dictadura es erradicar a la Iglesia católica “para ya no tener nada que la esté estorbando en su afán de perpetuarse en el poder y formar una dictadura”.
Leyes represoras para criminalizar a la Iglesia católica
Martha Molina es autora del informe ‘Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?’ en el que da cuenta de 529 ataques registrados en contra de la Iglesia católica por parte del gobierno, desde abril de 2018 hasta marzo de 2023.
Esta cifra -dice- “es simbólica porque ya no hay periodistas en el país que estén documentando las arbitrariedades que se realizan en contra de la Iglesia; segundo, hay un silencio sepulcral por parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de algunos sacerdotes, que ya no quieren seguir denunciando las arbitrariedades porque consideran que el silencio es mejor para protegerse a ellos y a su feligresía“.
“Los laicos están llenos de horror y temor porque el que se atreva, por ejemplo, a documentar y afirmar alguna arbitrariedad que se está cometiendo, inmediatamente va preso, lo desaparecen, le pueden hacer cualquier cosa porque allá la policía, los paramilitares y el ejército tienen licencia y luz verde para asesinar, para secuestrar, para torturar o para desterrar al que se oponga o que ellos consideren que está en contra”, agregó.
La abogada detalló que la dictadura ha creado un sinnúmero de leyes represoras para criminalizar a los opositores, “y en esta ocasión las están utilizando para criminalizar a la Iglesia Católica”.
Los dineros de la Iglesia
Tras señalar que el gobierno ha estado cerrando las organizaciones sin fines de lucro religiosas -varias católicas y también evangélicas- la investigadora se refirió al supuesto hallazgo, por parte de la Policía Nacional, de bolsas con dólares en iglesias.
“Efectivamente, encontraron un dinero que era procedente de las cuentas de Cáritas. Se había recibido ese dinero de una organización católica internacional… y lo que dice la ley de lavado de activos es que, para que se constituye el lavado de dinero, debe proceder de actos ilícitos, y en ningún momento la Iglesia ha estado recibiendo dinero de algo ilícito, no son lavadores de activos“.
Para Molina las acusaciones contra la Iglesia por lavado de activos no son cualquier delito: “la dictadura traspasó los límites y está acusando por un delito prácticamente internacional a la Iglesia católica; no es una acusación cualquiera, es algo muy grave. Los están comparando con los peores delincuentes a nivel internacional”.
Explicó que luego de esa acusación, la policía tiene 90 días para la investigación, después se va a proceder con el Ministerio Público a la acusación formal, y comenzará un proceso penal en contra de la Iglesia: “creo que ya debe de existir la sentencia y la juez que va a estar al frente del proceso ya debe de estar practicando para no confundirse ante los medios de comunicación oficialista cuando vaya a leer la sentencia; así, lo que busca Ortega es aniquilar y asfixiar por completo a la Iglesia católica, desaparecerla”, concluyó.
