La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales para proteger la vida del obispo Rolando José Álvarez Lagos, quien actualmente cumple una condena de más de 26 años de prisión por delitos considerados ‘traición a la patria’.
- PODCAST: Meditación cristiana. ¿Sincretismo?
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
El obispo Álvarez Lagos, de la diócesis de Matagalpa, fue uno de los principales críticos del régimen de Daniel Ortega por las represiones a la sociedad civil, la cual se manifestó en 2018 en contra de reformas al sistema de seguridad social.
El obispo fue detenido en agosto de 2022, y seis meses después el gobierno sandinista le ofreció su liberación a cambio de vivir en el exilio; sin embargo, tras la negativa de Álvarez Lagos, Ortega decidió meterlo a la cárcel.
De acuerdo con testimonios de la prensa local, el obispo se encuentra en una celda de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, en condiciones inhumanas. El 25 marzo de este año, Álvarez recibió la visita de sus familiares. Desde entonces no se sabe más de él.
Una situación de extrema gravedad
Para la CIDH, esta situación es de extrema gravedad y urgencia, pues el obispo está enfrentando violaciones irreparables a sus derechos. Además, la comisión no ha recibido respuesta alguna del gobierno de Ortega ante sus reiterados intentos para que el régimen brinde protección adecuada y efectiva al obispo.
Es por ello que, con base en el artículo 63.2 de la Convención Americana y el artículo 27 del Reglamento de la Corte IDH, la comisión ha instado a la corte a que ordene al régimen de Ortega tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar eficazmente la vida, integridad, salud y libertad del obispo Rolando Álvarez, lo que incluye su liberación inmediata debido a las condiciones actuales en las que se encuentra.
Cabe recordar que las medidas provisionales son emitidas por la Corte IDH en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Estas medidas tienen carácter obligatorio para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo.
La OEA lanza condena la situación en Nicaragua
Por su parte, el viernes pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó ‘sin objeciones’ al régimen de Daniel Ortega, en el marco de la 53 Asamblea General que se realizó en Washington, Estados Unidos.
A través de la resolución titulada ‘La Crisis de Derechos Humanos en Nicaragua’, el organismo exigió al gobierno sandinista que cese toda violación a los derechos humanos y se respeten los derechos civiles y políticos, en especial la persecución religiosa.
La resolución obliga al Consejo Permanente de la OEA seguir ocupándose de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, recibiendo periódicamente información actualizada de la CIDH y de otros organismos expertos, y que considere todas las acciones adicionales que puedan ser conducentes al efectivo ejercicio de la democracia representativa, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país.
La versión final de la resolución se logró después de varias reuniones de negociación entre los países miembros que propusieron el documento, el cual intentó ser suavizada por la delegación brasileña en su lenguaje, aunque la iniciativa no tuvo eco.
Incluso, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que intercedería ante el gobierno de Daniel Ortega para que el obispo Álvarez obtuviera la libertad.
