Todo comenzaba con un artículo publicado por el Diario de Mallorca. En él, figura la denuncia de una mujer, de unos 50 años, ante la Justicia ordinaria y el Tribunal eclesiástico a tres sacerdotes, a quienes acusa de haber cometido contra ella abusos sexuales y violaciones durante más de tres décadas.
Los acusados son, tal como recoge el periódico local, un cura diocesano, J. C. V., y dos jesuitas que estuvieron vinculados al convento palmesano de Montesión, L. A. S. y F. M. R. Según la víctima, de unos 50 años, los tres hombres aprovecharon el trastorno límite de personalidad que sufre para abusar sexualmente de ella entre 1985 y 2021. Un sinfín de abusos que, tal como ella misma relata, le ha causado gravísimas secuelas psicológicas, para las que necesita continua atención terapéutica.
Por otro lado, ha sido la propia Compañía de Jesús la que ha reconocido –y condenado– los abusos por medio de un comunicado. “En relación a la información publicada hoy en el Diario de Mallorca referida a abusos cometidos por dos jesuitas en el pasado, la Compañía de Jesús en Mallorca desea manifestar nuestra rotunda condena por los abusos cometidos en el pasado por miembros de la orden cuya labor precisamente debería haber sido proteger a una persona vulnerable, vinculada a nuestras
congregaciones marianas y a la coral de nuestro centro educativo”, se puede leer en el documento.
“Pedimos perdón a la víctima no solo por el grave sufrimiento personal y psíquico ocasionado por los religiosos sino también por no haber sabido proteger a una joven vinculada a nuestra pastoral”, escriben los jesuitas, quienes, ante la demanda interpuesta por la víctima, subrayan que la congregación se pone “a disposición de la justicia ordinaria para lo que desee requerirnos”.
Medidas cautelares
“Conocimos la acusación en abril de 2021 a través de la denuncia de una víctima al obispado de Mallorca”, explican. “Inmediatamente el provincial de España abrió dos procesos canónicos de investigación previa, los jesuitas quedaron bajo supervisión de sus superiores y la delegada de Entorno Seguro inició un contacto con la víctima denunciante que se mantiene en la actualidad”, añaden.
Fue en junio de 2021 cuando “se impusieron nuevas medidas cautelares a los denunciados, que incluyen la restricción de movilidad, limitación completa de su actividad pastoral, prohibición de actividades con menores y adultos y obligación de ser sometidos a una evaluación psicológica”. Asimismo, la Compañía de Jesús asegura que “dichas medidas continúan en la actualidad”, ya que “los acusados residen en comunidades de jesuitas donde dichas medidas se puedan cumplir”.
A su vez, los procesos de investigación “fueron remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe”. Así, uno de los casos “está a la espera de la resolución”, mientras que “el otro se le ha impuesto al acusado un precepto penal por el que adquieren firmeza las medidas cautelares impuestas previamente”.
“El compromiso de todos los centros de la Compañía de Jesús en crear entornos seguros es inequívoco y en esto llevamos años trabajando, con medidas para la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada que pueda producirse en nuestras escuelas”, apostilla la congregación.
Asimismo, los jesuitas recuerdan que “desde finales de 2018 en el marco de un trabajo conjunto desde la Provincia de España de la Compañía de Jesús abrimos un proceso de revisión del pasado, para poder escuchar y acompañar a las personas que puedan haber sido víctimas de abusos. Este proceso se está llevando a cabo, y se han hecho públicos los resultados a través del Informe presentado en 2020 y sus posteriores actualizaciones”.
