Ni una sola mención a la Iglesia católica. Ni a la asignatura de Religión, ni a los Acuerdos Iglesia-Estado, ni a la fiscalidad eclesial. El PP, cuyos estatutos reconocen que se inspiran en el “humanismo cristiano” y son “la casa común donde conviven las familias democristianas”, parece haber perdido la fe. Alberto Núñez Feijóo ha dado a conocer hoy su programa para las elecciones del 23-J, que se presenta como un “proyecto al servicio de un gran país” obviando casi por completo el hecho religioso.
Y es que mientras en las elecciones de 2019 el PP proponía ampliar a todas las comunidades autónomas la educación concertada al Bachillerato y la Formación Profesional; esta propuesta ha sido borrada del actual programa electoral. En cuanto al estudio y evaluación de la asignatura de Religión, el Partido Popular aseguraba que garantizaría “el derecho de las familias” a que puedan estudiarla “en las mismas condiciones que el resto de asignaturas del programa oficial y mantendremos su carácter voluntario y evaluable”.
Ahora, su única mención a la educación concertada es para avisar que defenderán “la libertad de los padres para elegir el centro y el tipo de educación que quieran para sus hijos: ya sean estos centros públicos, privados o concertados, ordinarios o de educación especial, dentro de las posibilidades existentes”. En lo que a educación se priorizará la reforma la Ley Celaá en aras de un “acuerdo social” de toda la comunidad educativa.
Libertad religiosa
Los populares solo se refieren al hecho religioso en el apartado ‘Regenerar y respetar’, dentro de una batería de 74 propuestas. En el marco del objetivo de “garantizar la independencia de las instituciones y organismos del estado”, se comprometen a “trabajar para garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa, promoviendo el diálogo y la cooperación con las confesiones a través de los instrumentos jurídicos existentes”.
En este mismo sentido, afirman que, tal y como aprobó el Gobierno en abril, pero quedó en standby al disolverse las Cortes, “se extenderán los beneficios fiscales a las confesiones religiosas con notorio arraigo y se potenciará el papel y la autonomía de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa”.
El PP toma el relevo del PSOE en este asunto, en tanto que el Ministerio de la Presidencia ya llegó a un acuerdo el pasado mes de abril con estas confesiones -ortodoxos, budistas, testigos de Jehová y mormones- para equiparar su régimen fiscal a católicos, evangélicos musulmanes y judíos. Sin embargo, el adelanto electoral provocado por Pedro Sánchez impidió que esta propuesta se materializara.
Además, “se revisará el papel de la Fundación Pluralismo y Convivencia para una gestión más eficaz con las confesiones”. Se trata de una entidad pública creada durante la era José Luis Rodríguez Zapatero, que nació para “incentivar el reconocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa como elementos básicos para la garantía del ejercicio efectivo de la libertad religiosa y la construcción de un adecuado marco de convivencia”.
A lo largo de la ya extinta legislatura, Vox ha solicitado que se cierre la fundación, bajo el argumento de que “se ha limitado a difundir y promover confesiones que son, en algunos casos, hostiles a la convivencia democrática y que atentan contra la dignidad de las mujeres”. Pluralismo y Convivencia anualmente cuenta con un presupuesto aproximado de dos millones de euros.
Por otro lado, con el objetivo de “recuperar el protagonismo de España en el mundo” instan a “imprimir un impulso al compromiso con Oriente Medio”, pues “es una región clave para nuestra seguridad energética, en la que se originan desafíos como las migraciones, el terrorismo o la intolerancia religiosa”.
Alineados con Vox en migración
Por su parte, sobre uno de los desvelos del pontificado del papa Francisco, que es el fenómeno de las migraciones, los populares plantean como objetivo “devolver la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos”. “Agilizaremos el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto ‘llamada'”, señala el programa. Eso sí, ni una palabra sobre un posible cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, como solicitan las ONG eclesiales.
En sus objetivos por la infancia y la adolescencia, reconocen que adoptarán “una estrategia nacional para una protección integral e inclusión social de niños y niñas migrantes no acompañados“. Es más, se plantean implementar el “Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias”, aprobado hace un año por el Gobierno de Sánchez y se suman a aplicar la actual reforma del procedimiento de determinación de edad.
En materia social, en línea de las demandas de Cáritas Española, el PP asegura que mejorará “el acceso al Ingreso Mínimo Vital y su efectividad como herramienta de inserción laboral”.
En cuanto a la defensa de la vida, no se habla de derogación de las leyes del aborto y de la eutanasia, sino más bien de reformas quirúrgicas. De esta manera, plantean introducir “en la legislación de materia de interrupción voluntaria del embarazo el consentimiento de los titulares de la patria potestad previo a la realización del aborto en las jóvenes menores de edad”.
Además, impulsarán una “normativa específica” de cuidados paliativos y anuncia que revisarán “la Ley de Eutanasia tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética”. Así, el equipo de los populares se compromete a garantizar “el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios”.
