Chile: confesiones religiosas participan en proceso para nueva Constitución

En el mecanismo de audiencias públicas, para la participación ciudadana, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, expuso sobre la libertad religiosa en el proyecto para una nueva constitución. González actuó en su calidad de coordinador de las confesiones religiosas en Chile para el proceso constitucional y asistió acompañado de Emiliano Soto, obispo presidente de la Mesa Ampliada Unión Evangélica Nacional de Chile; Francisco Javier Rivera, obispo de la Mesa Ampliada y coordinador del Comité Jurídico; y Fuad Musa, presidente del Directorio Comunidad Musulmana de Chile.

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El obispo católico dio lectura a una minuta firmada por representantes de las Iglesias Católica, Ortodoxa, Anglicana, la Mesa Ampliada de la Unión Evangélica Nacional, la Unión de Iglesias Pentecostales de Chile (UNIPECH), la Comunidad Musulmana, el Centro Islámico de Chile, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Plataforma Evangélica Nacional, la Comunidad Judía, la Corporación Mapuche ENAMA, el Consejo político Pueblos Originarios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y el Consejo Político Mapuche “Wallmapu”.

Libertad religiosa y de conciencia

Al inicio de su presentación, González señaló que “estamos, en lo esencial, de acuerdo en la fórmula con que el art. 16.13 ha abordado la libertad religiosa y de conciencia propuesta por la Comisión de expertos. Sustancialmente ha recogido lo que las confesiones propusimos oportunamente. Estimamos que la nueva manera de tratar el fenómeno religioso en la Carta Fundamental es una garantía para la libertad religiosa y de conciencia”, aseguró el obispo.

A continuación, propuso aspectos que consideran ausentes en el actual texto: “hay algunos elementos esenciales del contenido de la libertad religiosa que no están incluidos en esa propuesta”, dijo el obispo como explicación para estar participando en esta instancia del proceso.

Además, informó que esta misma agrupación presentó una Iniciativa Popular de Norma, a nombre de todas las confesiones religiosas de Chile, en la que expresan estos mismos argumentos.

Derecho a actuar según la conciencia

Las confesiones manifestaron que debiese “quedar establecido en el texto de la Carta Fundamental el derecho de toda persona para actuar siempre según su conciencia y que ninguna persona pueda ser obligada por la ley u otras disposiciones normativas a actuar en contra de sus convicciones religiosas y de conciencia”, expuso González.

Complementó reiterando lo que ya había propuesto, esta misma agrupación a la Comisión de Expertos, que “el Estado no puede coaccionar a persona alguna para actuar en contra de sus convicciones o creencias religiosas y toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a ellas”.

En esta propuesta destacan, además, como esencial para el ejercicio de la libertad religiosa, la objeción de conciencia, cuya extensión en el derecho moderno se ha debido a la mayor comprensión de la dignidad de toda persona humana, sostuvo el obispo González.

Otro déficit que proponen superar es el reconocimiento constitucional de las creencias en el derecho. Para ello proponen esta fórmula: “Se reconoce a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de derecho”. Según esta agrupación esta es una realidad “muy sentida por las confesiones, contar con un verdadero reconocimiento al más alto nivel normativo, que sea una garantía verdadera del derecho a la libertad religiosa y de conciencia”.

Autonomía e igual trato por parte del Estado

Otro aspecto aportado por las organizaciones religiosas es que todas las confesiones y creencias deben gozar de autonomía e igual trato por parte del Estado, la ley y las autoridades de cualquier tipo. “Las confesiones religiosas en Chile estiman que especialmente en el caso de aquellas que no son mayoritarias, muchas veces en la realidad práctica se pueden producir discriminaciones arbitrarias en el trato que se les concede, especialmente en el cumplimiento de sus fines sociales”, destacó González en su exposición.

Estas audiencias públicas son uno de los varios mecanismos de participación ciudadana en el proceso constituyente. Representantes de grupos o comunidades debían inscribir su solicitud a la que se le asignaba un lugar para exponer durante el sábado y domingo recién pasados. Todas las audiencias quedan registradas y sistematizadas para ser entregadas al Consejo Constitucional. Se solicitaron 873 audiencias por organizaciones y 846 fueron realizadas en todo el país.

Otros mecanismos de participación ciudadana son la consulta y los diálogos ciudadanos que se están realizando hasta el próximo 7 de julio. Además, están las Iniciativas Populares de Norma en las que se puede corregir, eliminar, reemplazar, modificar o sumar artículos al anteproyecto constitucional. Estas iniciativas requieren 10 mil firmas de apoyo para ser presentadas al Consejo Constitucional y tienen plazo hasta el 7 de julio. Se han formulado 1.309 iniciativas populares que han requerido 196.000 votaciones.

La voz de la ciudadanía

La Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana es el organismo encargado de ejecutar los mecanismos de participación ciudadana del Proceso Constitucional. Su objetivo es recoger y facilitar oportunamente la voz de la ciudadanía y favorecer las condiciones para que esta sea considerada en el debate constitucional.

Para esto, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con otras universidades e instituciones y organizaciones de la sociedad civil, se han encargado de diseñar, coordinar, implementar y sistematizar los mecanismos de participación ciudadana.

El proceso constitucional entró en nueva fase el 7 de junio cuando empezó su trabajo el Consejo Constitucional integrado por 50 consejeros y consejeras, en igual número, que fueron electos el 7 de mayo. Su labor se centra en el anteproyecto recibido de la Comisión Experta que puede ser modificado a través de indicaciones y considerando la Participación Ciudadana a través de los 4 mecanismos señalados. El proyecto de nueva Constitución que apruebe este Consejo, por al menos los 3/5 de sus integrantes, será votado en plebiscito nacional el 17 de diciembre próximo.