Este 4 de julio en La Gaceta, diario oficial del gobierno de Nicaragua, se hizo pública la confiscación de bienes de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, congregación católica integrada en ese país por cuatro religiosas brasileñas, quienes, al no ser renovada su visa de residencia, dejaron el país para continuar su ministerio en El Salvador.
De acuerdo con lo informado en días pasados por la investigadora nicaragüense Martha Molina, las religiosas servían en la diócesis de León, donde atendían a las personas que se encontraban en condición de abandono y pobreza, “les leían la Biblia y los alimentaban”, también les proporcionaba ropa.
En La Gaceta, el gobierno ordena el traspaso de los bienes de la organización a manos del Estado; en un acuerdo ministerial suscrito por la titular de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, se indicó que la asociación religiosa no había renovado su junta directiva desde 2021 ni había reportado sus estados financieros entre 2020 y 2022.
La Fraternidad Pobres de Jesucristo estaba inscrita formalmente en Nicaragua desde 2019, aunque laboraba en el país desde hacía siete años.
En La Gaceta se señaló que “la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, con los incumplimientos referidos anteriormente, obstaculiza el control y vigilancia… y no promueve políticas de transparencia en la administración de los fondos que maneja”.
Por lo anterior, el Ministerio de Gobernación ordenó a la Procuraduría General de la República “realizar el traspaso de sus bienes muebles o inmuebles” al Estado de Nicaragua.
De acuerdo con estimaciones no oficiales, el gobierno de Nicaragua ha cerrado más de 3.300 organizaciones sociales en los últimos años.
