Desde hace dos semanas, el caos en la región argentina de Jujuy parece no tener fin: movilizaciones, carreteras cortadas, protestas y reclamos salariales. En frente, una marcada presencia de las fuerzas policiales para tratar de mantener el control. Y todo por el malestar local, en una población en buena parte aborigen, tras la ratificación, el 20 de junio, de la reforma de la Constitución Provincial.
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En diálogo con ‘Vida Nueva’, el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, considera que la situación en la provincia tiene un telón de fondo: el escenario nacional. Una pobreza que llega al 40% de la población y una inflación anual que ya ha pasado el 100%. Por ahora, sin signos alentadores que puedan modificar esta tendencia en el corto o medio plazo. Al deterioro de los salarios y pensiones que sufren los trabajadores y jubilados, se suman las personas que no cuentan con un trabajo formal o que viven de los planes sociales que otorga el Estado.
Proceso rápido
En las elecciones locales del 8 de mayo, resultó ganador, con más del 49% de los votos, el candidato oficialista, Carlos Sadir. Por su parte, el gobernador que impulsaba la reforma de la Constitución provincial, Gerardo Morales, fue elegido como primer convencional constituyente. La Convención se inició el 22 de mayo y, en menos de un mes, logró ser aprobada. Algo preocupante para el obispo: “El verdadero alcance de dichas reglamentaciones no fue suficientemente explicado, y mucho menos comprendido por todos. Un malestar que, después, ha sido explotado por intereses de fuerzas contrarias”.
Para el pastor, vivimos en “un clima de ebullición. De una pequeña chispa podía encenderse una hoguera y desatar acciones de violencia o de represión a esta. Y la chispa llegó con la sanción de la reforma parcial de la Constitución Provincial”. Actualmente, comenta Fernández, “hay reclamaciones salariales no resueltas de algunos gremios (algunos pudieron solucionarse) y, sobre todo, una gran movilización en las rutas de comunidades aborígenes, acompañados de algunos sectores políticos opuestos a la reforma”.
Contra las injusticias
Las comunidades originarias son uno de los sectores que se pronunciaron en contra de las reformas propuestas por el Ejecutivo. Reunidas en lo que llamaron el tercer Malón de la Paz, destacaron que sus luchas son contra las injusticias y las inequidades… Y es que, como claman, “los abuelos y los niños tienen derecho a una vida en equilibrio”.
Desde el inicio de la Convención, los pueblos aborígenes denuncian que los artículos incorporados afectan a sus derechos, pues en su mayoría no cuentan con los títulos de propiedad por el incumplimiento de la ley 26160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. También protestan contra los artículos relacionados con la propiedad privada (se rechazó la explotación del litio en manos particulares) y el derecho a la protesta.
Debate obligatorio
En un escrito, plantearon la necesidad de garantizar el debate necesario, obligatorio y participativo de todos los sectores. Exigen a las autoridades nacionales y provinciales asegurar la participación de las comunidades en estos asuntos y bajo ciertas condiciones, como contar con información previa y con el tiempo oportuno para definir contenidos en materia ambiental, de conformidad con los términos del Acuerdo de Escazú, que contempla un acuerdo regional climático de América Latina y el Caribe y que sirve de herramienta para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos, ubicando en el centro a la persona.
Las organizaciones de pueblos indígenas organizadas en torno a OPINOA denuncian que “los constituyentes traicionan a la democracia”. Consideran que esta reforma limita los derechos adquiridos, en lugar de ampliarlos: “La violencia contra los pueblos indígenas forma parte de la historia de la República Argentina. La violencia simbólica, devenida en agresiones contra la integridad física, hoy se manifiesta cruelmente en la provincia de Jujuy, donde la discriminación se hizo carne y la represión es la cara del Gobierno de Gerardo Morales”.
Violencia “organizada”
Mientras, el Ejecutivo de Jujuy insiste en que las protestas y la violencia son “sistemáticamente organizadas”, logrando tomar las rutas y caminos hasta llegar a la capital provincial para atacar la Legislatura, generando disturbios y destrozos. Además, asocia a la mayoría de los manifestantes con agrupaciones sociales y políticas ligadas al Gobierno nacional, como La Cámpora, el Movimiento Evita, la Tupac Amaru y grupos de izquierda. Ante esta escalada de violencia, el Gobierno local ha movilizado a la policía y a la infantería de la Provincia, con el resultado de innumerables heridos (algunos de gravedad) y detenidos.
Para el obispo de Jujuy, “evidentemente, ha faltado y falta diálogo honesto, sincero, franco y realmente comprometido de las partes en conflicto para llevar adelante un proceso paciente y trabajoso de reconstruir la amistad social y remover los obstáculos que han producido este quiebre”. Asimismo, asegura que “el pueblo jujeño mayoritariamente quiere la paz y rechaza la violencia. En estas circunstancias, siente la impotencia de estar viviendo este conflicto sin saber cómo o qué hacer para lograr la pacificación”. Ello no significa “dejar de reconocer los legítimos derechos, sobre todo de los pueblos originarios, que no están siendo tenidos en cuenta y que deben restablecerse de acuerdo con las normas de la Constitución argentina y las legislaciones internacionales que los tutelan”.
Fotos: Susi Maresca.
