Los obispos de Panamá advierten sobre daños provocados por la industria minera

Al concluir su segunda Asamblea Anual Ordinaria, la número 219, la cual tuvo lugar recientemente en la ciudad, el episcopado panameño pidió al gobierno no dar más concesiones de licencias de exploración minera hasta que la actual ley de minería sea revisada y reformada.

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En un comunicado, la Conferencia Episcopal Panameña, presidida por el obispo de Chitré, Rafael Valdivieso Miranda, se refirió al contrato del Estado con Minera Panamá, que -dijo-, a pesar del proceso ya cumplido, “existen justificadas inconformidades de las comunidades, organizaciones y líderes ambientales que han advertido de los efectos dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente”.

El episcopado se dijo sorprendido de que diversos Gobiernos de la República hayan otorgado licencias de exploración y explotación mineras en diversas regiones del país, sin haber realizado consultas efectivas con la sociedad y, especialmente, con las poblaciones directamente afectadas.

“La decisión de convertir a Panamá en un país minero -según la opinión de personas y organismos entendidos en la materia- compromete ese futuro con graves riesgos para el medio ambiente, para la vida y salud de los panameños y para la soberanía nacional”, agregó.

Exigen respeto a las leyes

Los obispos de Panamá consideraron indiscutible que, para los contratos mineros, el Estado panameño respete el marco constitucional y las normas internacionales que han firmado, relativas a la protección de los recursos naturales.

Para los obispos, la minería es un asunto de interés público y prioritario, en el que “todos tenemos responsabilidad, pero particularmente las autoridades en la toma de decisiones, considerando su impacto en las futuras generaciones y nuestra Madre Tierra. No escuchar el clamor del pueblo, para avanzar en proyectos mineros que amenazan las fuentes de agua, la vida y el futuro de Panamá, es un grave error“.

Por otro lado, manifestaron que, si bien en los últimos años se ha registrado el crecimiento económico más significativo de América Latina, incluso después del Covid-19, éste “no se refleja en una mejor calidad en los servicios de salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y seguridad social, cuya crisis está afectando a cientos de jubilados y pensionados”.

En ese sentido, cuestionaron cualquier crecimiento que no genere una mayor justicia social, que no genere un verdadero desarrollo y que no que tenga como centro la persona y el bien común. “Este es, sin duda, el talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento del país, que ha generado mucha desigualdad y se muestra incapaz de incluir a las grandes mayorías en sus beneficios”.

No ser indiferentes

Para los obispos, los ciudadanos, y en particular los cristianos, “tenemos el poder de ponerle un alto a estas prácticas y transformar la realidad“, por lo que hicieron un llamado a empezar a derrumbar “aquellas murallas que nos separan y no nos permiten ver todo lo que nos une”.

Añadieron: “Los cristianos no podemos ser indiferentes, dejando que el mundo siga su paso, arrollando a los débiles, a los indefensos, a los más empobrecidos, sin que hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos y desde nuestra fe”.

A partir de ahora -instaron los obispos- “comencemos a prepararnos para participar con responsabilidad, visión crítica y constructiva en los procesos sociales y electorales de manera informada y siendo vigilantes para que se realicen con transparencia e integridad”.

Finalmente, los obispos pidieron rectificar el rumbo y trabajar con pasión y dedicación. “Sigamos adelante con esperanza y confianza en lo que somos capaces de construir para un mejor Panamá. Nuestra esperanza es la juventud, tomada de la mano de nuestros ancianos y abuelos visionarios, porque Dios tiene un proyecto para nosotros, y ese proyecto será el que permitirá que transformemos la Iglesia y el mundo”.