“Nena, una medallita o un Padrenuestro daño no hace”. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, recuerda en una conversación con Joana Bonet en La Vanguardia las palabras que le decía su madre, Carmela Pérez, que “era de familia de militares, católica, moderna, divertidísima y guapa”.
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En la entrevista, la candidata a la presidencia del Gobierno recuerda su visita al Vaticano en diciembre de 2021 para encontrarse con el papa Francisco. “Lloré y me emocioné”, afirma.
Pero el recuerdo no se queda ahí, puesto que Díaz deja caer que Jorge Mario Bergoglio tuvo algo que ver en la aprobación de la reforma laboral. Y es que, esta, pese a por primera vez en la democracia había conseguido el apoyo de sindicatos y patronal, no contaba con el respaldo del Congreso. Sin embargo, una equivocación de un diputado del PP a la hora de votar inclinó la balanza y la ley salió adelante.
“Tras la sorprendente aprobación, nos reunimos en el despacho y Josep Vendrell [su jefe de gabinete] me dijo: ‘¿Te puedo hacer una pregunta íntima? Por casualidad, ¿llevabas contigo en la votación el rosario que te regaló el papa?’. Y yo abrí el bolso, en silencio, y saqué el rosario. Sobraban las palabras”, detalla Díaz.
¿Qué dice Sumar sobre la Iglesia?
La realidad es que el programa electoral de Sumar no ahonda en ninguna cuestión vinculada directamente con la Iglesia, ni en materia de fiscalidad, pero tampoco en relación a una posible denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado. Tan solo, se hace referencia a continuar con la “resignificación profunda del Valle de los Caídos” a través de un decreto, pero sin hacer referencia alguna, por ejemplo, al futuro de la comunidad benedictina ni al uso de la basílica.
En lo que a la defensa de la vida se refiere, el programa detalla que “será una prioridad garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud en todo el territorio y en condiciones de igualdad”. A la par, considera que “se hace necesario tomar medidas adicionales para que las clínicas donde se practica”.
Sobre la eutanasia, se hace un llamamiento a actuar “en coherencia” con la nueva normativa, además de “abordar políticas dirigidas al cuidado de las personas mayores es el del final de la vida, garantizando que puedan suministrarse cuidados paliativos en los domicilios cuando así se desee”.
Respecto a la crisis migratoria, entre otras medidas, se propone una ley integral contra el racismo, una reforma y actualización de la ley y reglamentos de extranjería, así como el desarrollo del reglamento de la ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. También prometen reforzar “los instrumentos para la inclusión financiera y socioeconómica de las personas migrantes”, con una “especial atención” a los menores no acompañados. Entre sus medidas estrella en esta materia, se encuentra garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud y el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros.
Asignatura de Religión
promete desterrar la asignatura de Religión de las aulas españolas. Así, se defiende que, con el fin de “promover la libertad de conciencia del estudiantado”, se debe “prescindir de la afirmación dogmática de contenidos doctrinales y morales, religiosos o de cualquier otra naturaleza”.
“Ninguna religión ni simbología religiosa formarán parte del currículo ni del horario lectivo obligatorios”, señala dentro de su promesa de lograr una “educación integral e inclusiva” en línea con los Objetivos de Desarrollo de Sostenible de Naciones Unidas.
Es más, la formación explica que “la calificación obtenida en esta materia, de haberse cursado, no contará en ningún caso en el cálculo de la nota media de Bachillerato para acceder a la Universidad o para obtener ayudas al estudio o becas”.
En paralelo, se plantea que “el hecho religioso debe ser abordado en sus múltiples dimensiones como un elemento cultural y social de relevancia, pero las enseñanzas confesionales no deben integrarse ni en el currículo ni en el horario escolar”.
Escuela concertada
También en materia educativa, Sumar se decanta por “por reforzar la educación pública y la responsabilidad y regulación públicas del conjunto del sistema, incluyendo la red concertada”. Aunque no se plantea abiertamente eliminar los conciertos, se detalla que “será necesario revisar la normativa de conciertos educativos para que la red concertada sea realmente subsidiaria de la pública y, asimismo, acabar con la cesión de suelo público para la construcción de centros educativos en manos privadas”.
Incluso se explicita que “la oferta de plazas concertadas se financiará con recursos públicos solo en los casos en que sea estrictamente necesario, esto es, debido a una insuficiencia en la red pública”.
Con más contundencia todavía, el programa dictamina que “se suprimirán de forma inmediata los conciertos educativos con centros que discriminen por razón de sexo o utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales”.
