Recientemente, la abogada católica en el exilio Martha Patricia Molina dio a conocer, a través de sus redes sociales, que algunos sacerdotes ancianos no estaban recibiendo su pensión debido al bloqueo del Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal, por parte del gobierno de Daniel Ortega.
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En entrevista para Vida Nueva, la abogada Molina explicó que este fondo fue creado hace más de 20 años por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como un fondo de retiro para sacerdotes. “No es propiamente un seguro, porque efectivamente no cubre temas de salud ni otros temas de Seguridad Social”, apuntó.
El fondo se alimenta de dos maneras -dijo-: cada sacerdote aporta 150 dólares al año, y la institución para la que trabaja -sea parroquia o alguna otra organización eclesial-, aporta otros 150 dólares, de tal manera que son 300 dólares anuales lo que cada sacerdote ingresa al Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal. “Adicionalmente, la colecta del Miércoles de Ceniza va para el fondo”.
Es de ahí -puntualizó la abogada- donde “se saca para entregarle una pensión mensual a los mayores de 75 años, equivalente a 300 dólares, y de 150 dólares a los mayores de 65 años”.
Si bien la abogada Molina dijo desconocer el número de sacerdotes jubilados afectados con el bloqueo de dicho fondo, algunos medios locales aseguraron que serían uno 70 los que están dejando de recibir este recurso, que por lo general se utiliza para comprar alimentos y medicinas.
Una medida nefasta y dramática
La autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’, que da seguimiento a la persecución religiosa en el país centroamericano, calificó de “nefasta” esta medida del gobierno sandinista para asfixiar financieramente a la Iglesia, y pidió a los feligreses apoyar con la oración y económicamente a los sacerdotes ancianos.
Insistió: El fondo de retiro se encontraba en funcionamiento desde hace dos décadas sin ninguna complicación, “pero las medidas nefastas de la dictadura, en contra de las cuentas de la Iglesia católica, han inhabilitado el fondo, de tal manera que los sacerdotes mayores no están pudiendo cobrar sus pensiones, y esto es una de las condiciones más dramáticas de la actual situación”.
Cabe señalar que, desde mediados del mes de junio, la abogada Molina denunció también que sacerdotes de las diócesis de Granada, Jinotega, Estelí y León, le habían reportado el bloqueo de sus cuentas bancarias.
