El fraile italiano Domingo Pepe, de 83 años de edad, y quien llevaba medio siglo sirviendo a la diócesis de Matagalpa, tuvo que dejar Nicaragua debido a que el gobierno de Daniel Ortega no renovó su residencia en el país.
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De acuerdo con información proporcionada por medios de comunicación disidentes en Nicaragua, entre ellos 100% Noticias y Fuerza Nicaragua, el fraile llegó al país hace 53 años y construyó la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en la localidad de Río Blanco, a donde sirvió durante todos sus años de sacerdocio en el país.
Fue a través de la Dirección de Migración y Extranjería que se ordenó la cancelación de la residencia de fray Domingo, a quien la alcaldía de Río Blanco declaró ‘hijo dilecto’ (que se ama y se aprecia) en el año 2004; incluso, una calle peatonal del municipio se llama Fray Domingo Pepe.
Aproximadamente 65 religiosas expulsadas
Por otro lado, la abogada nicaragüense en el exilio, Martha Patricia Molina, dio a conocer en sus redes sociales que suman ya 65 las religiosas expulsadas del país por el gobierno de Daniel Ortega.
“Y se les prohibió la entrada al país a 6 de diferentes congregaciones religiosas, para un total de 71 religiosas afectadas” por el gobierno sandinista, agregó.
Detalló que, entre las 10 congregaciones de religiosas afectadas en Nicaragua, se encuentran las Dominicas de la Anunciata, las Misioneras de la Caridad, Monjas Trapenses, Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón y Hermanas Pobres de Jesucristo de Nicaragua.
Destacó que hay monjas nicaragüenses en el extranjero que han querido regresar a su país para llenar el espacio de las extranjeras expulsadas, pero se les ha negado el ingreso.
En tanto, el 28 de julio se dio a conocer la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. (UENIC) y la Universidad de Occidente (UDO).
En el caso de la UENIC, el gobierno señaló que ésta no cuenta con una estructura básica para funcionar, ni tiene autorización del Consejo Nacional de Universidades para trabajar.
En cuanto a la UDO, el régimen argumentó que no reportó estados financieros correspondientes al año 2022, “incumpliendo sus obligaciones” legales.
