Tal como había advertido la abogada disidente Martha Patricia Molina tras el congelamiento de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por la Compañía de Jesús, ahora el gobierno de Nicaragua se alista para incautar los bienes materiales y económicos de dicha institución.
Fue el pasado 9 de agosto cuando el gobierno de Daniel Ortega dio el primer paso para confiscar los bienes de la UCA, al congelar sus cuentas bancarias.
En ese momento, las autoridades no dieron mayor detalle de la medida precautoria, sino hasta ahora, que una jueza giró instrucciones para confiscar los bienes de la institución, acusando a los directivos de ‘terrorismo’.
Y es que, la UCA y la Compañía de Jesús jugaron un papel importante en 2018, durante las manifestaciones de la sociedad civil en contra de una reforma al sistema de seguridad social.
En aquel entonces, el alma mater de los jesuitas fue escenario de varias de las marchas organizadas por la sociedad en contra de la represión que llevó a cabo Daniel Ortega sobre los disidentes.
Al inicio de las manifestaciones, por ejemplo, la institución abrió sus puertas a los estudiantes que buscaban refugiarse de la persecución sandinista.
También fue sede de la exposición ‘Ama y no olvida: Museo de la Memoria contra la Impunidad’, impulsada por la Asociación de Madres de Abril, con la finalidad de recordar a los fallecidos en las manifestaciones.
El fallo de la jueza
Según informó el medio ‘Divergentes’, este martes 15 de agosto, una jueza de Managua giró un oficio, acusando a los directivos de la UCA de ‘terrorismo’, al tiempo que ordenó incautar los bienes materiales y económicos de dicha universidad.
El giro acusatorio sí fue notificado a las autoridades del centro educativo, contrario a lo que ocurrió con el congelamiento de sus cuentas bancarias.
En las últimas semanas, la UCA había informado a sus alumnos y cuerpo docente de las dificultades que tenía para realizar operaciones bancarias, asegurando que estaba realizando las acciones pertinentes para superar los obstáculos, a fin de seguir operando.
Incluso -explica ‘Divergentes’- todavía el mismo 15 de agosto, la UCA emitió una circular referida al pago de inscripciones para el ciclo escolar que inicia el próximo 21 de agosto.
Si bien, la UCA no ha dicho nada hasta el momento sobre la confiscación, una fuente jesuita reveló al mismo medio, que el giro judicial causó tal impacto en la Compañía de Jesús, que varios directivos de la universidad ya abandonaron Nicaragua.
Cabe recordar que, a mediados de 2022, el ex rector de la UCA José Alberto Idiáquez, quien participó en los diálogos por la paz en Nicaragua después de las manifestaciones, regresaba de México cuando las autoridades le impidieron la entrada a su país.
Algo similar le ocurrió al vicerrector de la Universidad Centroamericana Jorge Huete, en septiembre del año pasado, a quien le impidieron tocar suelo nicaragüense cuando regresaba de un viaje de trabajo en Argentina.
Hasta el momento serían 26 las universidades privadas confiscadas por el régimen orteguista, por acusaciones como lavado de dinero, falsear información, omisión en los reportes financieros o no registrarse como agentes extranjeros. Sobre la UCA, en particular, pesa el cargo de ‘terrorismo’.
