Tres cosas concretas ha pedido la Compañía de Jesús tras conocerse que el Poder Judicial de Managua ordenó este martes 15 de agosto confiscar los bienes materiales y económicos de la Universidad Centroamericana (UCA), ‘alma mater’ de los jesuitas en la región.
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La triple petición de los jesuitas
A través de un comunicado, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús solicitó al gobierno de Daniel Ortega revertir “la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial; frenar la agresión gubernamental en contra de la UCA y sus integrantes, y buscar una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra.
El argumento de la jueza de Managua que giró el oficio en contra de la UCA, es que los directivos de dicha institución cometen ‘terrorismo’, por lo que ordenó incautar los bienes materiales y económicos de dicha casa de estudios.
Desde el 9 de agosto se temía que esto pudiera ocurrir, luego de que el gobierno de Daniel Ortega congelara las cuentas bancarias de la institución sin informar a los directivos de la universidad a qué se debía esa medida.
Acusaciones falsas e infundadas
Ante esta situación, los jesuitas en Centroamérica aseguraron que son “totalmente falsas e infundadas las acusaciones en contra de la UCA“, que califican a la institución como ‘Centro de terrorismo’, y la acusan de haber “traicionado la confianza del pueblo nicaragüense y haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país”.
Señalaron que no se trata de un hecho aislado, sino que la medida forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país.
Cinco años de persecución
Fue a partir de abril de 2018 -como consecuencia de la postura de la Compañía de Jesús en defensa de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales, por oponerse a una reforma de seguridad social-, que la UCA comenzó a sufrir el “asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales nicaragüenses”.
Por ello, consideraron que “la confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32)”.
Y añadieron: “Se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario”.
Finalmente, los jesuitas responsabilizaron al gobierno de Nicaragua de todos los daños en contra del alumnado, del personal docente, administrativo y demás trabajadores de la Universidad y del patrimonio cultural de dicho país, que se deriven de la acusación de terrorismo y de la orden de incautación de todos los bienes inmuebles, muebles y del patrimonio económico de la Universidad a favor del Estado de Nicaragua.
“Dios es quien tiene la última palabra sobre la historia y la tendrá también sobre Nicaragua”, le recordaron al presidente Daniel Ortega.
