España

La diócesis de Salamanca confirma el caso de abusos entre sacerdotes y espera resolución de Roma

El Obispado dice que el denunciado ha sido dimitido del estado clerical por petición propia antes de la sentencia y que ha recibido tratamiento en un centro especializado





La diócesis de Salamanca ha explicado a través de un comunicado que “en la actualidad hay un proceso canónico abierto tras recibir, en su día, la denuncia de este sacerdote por un presunto delito de abusos sexuales, cuando él era menor, por parte de otro presbítero”. De esta manera, confirma la información publicada por ‘La Gaceta de Salamanca’ sobre las acusaciones lanzadas por el hasta hace unos meses vicario pastoral, Policarpo Díaz. Según ha podido saber ‘Vida Nueva’, los abusos se habrían producido durante más de una década, entre los 15 y los 26 años de la víctima, y habrían comenzado cuando era monaguillo del victimario, que es unos 20 años mayor que él.



En el texto diocesano se detalla demás que el obispo, José Luis Retana, escuchó “por separado” a denunciante y denunciado y, a partir de ahí, optó por “apartar a este presbítero de todas sus tareas pastorales y del contacto con menores”. Además, de común acuerdo con el obispo, el victimario “comenzó un proceso de acompañamiento en un centro especializado de ayuda para sacerdotes”. Según apuntan fuentes cercanas al caso a ‘Vida Nueva’, el presunto abusador se habría desplazado hasta la Residencia Mosén Sol, en Castellón, de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos.

Investigación independiente

Desde el Obispado también aclaran que, si bien se trata de un delito prescrito por lo civil, en el ámbito eclesiástico el obispo sí ha podido poner en marcha “el protocolo establecido por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española para estos casos, escuchando al denunciante”. A partir de ahí, en los meses siguientes, la nota oficial apunta que “se inició una investigación previa por un equipo técnico ajeno a la Diócesis de Salamanca”. El informe final ya ha sido remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede en Roma. En la actualidad, la Diócesis confirma que  “el proceso continúa abierto a la espera de una resolución”.

El comunicado también precisa que “en todo momento, el obispo se puso a disposición del denunciante, ofreciendo toda la ayuda necesaria”. A renglón seguido, se apunta que “a petición suya, y de acuerdo con el obispo, decidió irse un año fuera de la diócesis, situación que ha sido prorrogada por un tiempo”. Lo cierto es que actualmente Policarpo Díaz se encuentra en León, donde está siendo acompañado y apoyado por el obispo claretiano Luis Ángel de las Heras.

El acusado se adelanta

En paralelo a todo el proceso, el sacerdote denunciado solicitó su dimisión del estado clerical y recientemente, tal y como asegura el obispado, ha sido aprobado por parte de la Santa Sede. O lo que es lo mismo, se ha secularizado. Fuentes cercanas al caso cuestionan si esta decisión podría funcionar como una estrategia para intentar eludir algún tipo de sanción. Es decir, siempre respetando la presunción de inocencia, el acusado pide dejar el sacerdocio adelantándose a una posible pena, que podría ser precisamente quedar apartado completamente del ministerio.

De la misma manera, quienes conocen al detalle lo vivido en estos últimos meses por la víctima, aseguran que solicitaron al obispo de Salamanca un comunicado similar al actual que permitiera explicar el porqué de la desaparición de la diócesis tanto de la víctima como del victimario. Sin embargo, Retana desestimó esta opción, se optó por argumentar motivos de salud para la salida de Díaz y esperar a la resolución del caso o, como ha sucedido ahora, ir a rebufo de los medios de comunicación y de los comentarios en las calles salmantinas.

En cualquier caso, en el comunicado la Diócesis manifiesta “su compromiso para esclarecer la verdad, proteger a las posibles víctimas, y poner todos los medios para evitar que estos hechos se puedan producir”. A la par, “lamenta el sufrimiento y el daño que esta situación está provocando a las personas afectadas, a sus familias y comunidades”.

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