La archidiócesis de San Francisco está en bancarrota. El pasado lunes se declaró oficialmente en quiebra, un trámite necesario para poder hacer frente al desembolso que implica afrontar las más de 500 demandas vinculadas a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
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Esta decisión adoptada por el arzobispo Salvatore Cordileone implica acogerse al llamado Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos que da oxígeno a la archidiócesis, en tanto que permite reorganizar sus fondos cuando una empresa o entidad no está en condiciones de asumir una deuda o pagar a sus acreedores. Básicamente, le permite detener todas las acciones legales emprendidas contra la Iglesia mientras el arzobispo gana tiempo para elaborar una estrategia de defensa y fraguar un posible acuerdo con las víctimas.
“La desafortunada realidad es que la archidiócesis no tiene los medios financieros ni la capacidad práctica para litigar todas estas denuncias de abuso individualmente”, admite en un comunicado el pastor, que presenta la declaración de quiebra como “la mejor solución para proporcionar una compensación justa y equitativa” a todos los “supervivientes inocentes que han sido perjudicados”.
“Seguir huyendo de la verdad”
Los colectivos de víctimas no acaban de creerse esta versión de Cordileone, pues ven en la quiera una “estratagema” para “seguir huyendo de la verdad”. “Se niega a identificar a los delincuentes en su diócesis, intenta maniobras legales para eliminar la Ley de Víctimas Infantiles de California y ahora está intentando un último esfuerzo para ocultar la verdad detrás de la bancarrota”, asevera Jeff Anderson, abogado que representa a unos 125 denunciantes.
Lo cierto es que hoy por hoy, San Francisco es la única diócesis de California que aún no habría publicado un listado de clérigos abusadores, como sí lo han hecho el resto. Así pues, esta gestión deja en entredicho el pastoreo de Cordileone, que además pasa por ser uno de los opositores en la sombra de las reformas emprendidas por el Papa Francisco.
Con la bancarrota de San Francisco, ya son tres la diócesis de la Costa Oeste norteamericana que han pasado por este trance, sumándose a Oakland y Santa Rosa. Este paso adelante viene propiciado por la ley aprobada en el Estado de California en 2019 que permitió levantar la prescripción de los delitos de abusos y presentar denuncias sobre casos pasados hasta el 31 de diciembre de 2022. De hecho, gran parte de los casos presentados en San Francisco se remiten a hechos sucedidos, al manos, hace 30 años.
