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El gobierno de Nicaragua cancela la personalidad jurídica de los jesuitas

Daniel Ortega argumenta que la Compañía de Jesús “no reportó sus estados financieros de los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022”, además de que no promueve “políticas de transparencia en la administración y manejo”





‘La Gaceta’, el órgano oficial del gobierno de Nicaragua, dio a conocer la cancelación de personalidad jurídica de la ‘Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua’, por haber incumplido, supuestamente, las leyes.



En la publicación, el Ministerio de Gobernación señala que a la asociación se le encontró en “incumplimiento con sus obligaciones conforme ley, al no reportar estados financieros periodos fiscales 2020, 2021, y 2022, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final)”.

Asimismo, se menciona que la junta directiva venció el 27 de marzo del 2020, con lo que violentó la ley; lo que “obstaculiza el control y vigilancia de esa dirección, no promoviendo políticas de transparencia en la administración y manejo de la asociación, desconociendo el ente regulador las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos son acordes a sus objetivos y fines”.

En ‘La Gaceta’ señala que corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de la Compañía de Jesús en Nicaragua “a nombre del Estado de Nicaragua”.

Desalojo de residencia jesuita y acusaciones contra la UCA

Apenas el fin de semana, la policía y miembros del poder judicial de ese país se presentaron en la residencia jesuita de Villa del Carmen, para exigir a los miembros de la Compañía de Jesús que abandonaran la propiedad, alegando que pertenecía al gobierno.

A ese respecto, la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe destacó que los religiosos mostraron las escrituras en las que constaba que la propiedad no pertenecía a la universidad, pero los agentes del gobierno no aceptaron la documentación y los obligaron a desalojar.

También, la semana pasada, una jueza de Managua giró un oficio, en el que acusó a los directivos de la Universidad Centroamericana (UCA) de ‘terrorismo’, y ordenó incautar los bienes materiales y económicos de dicha universidad.

El giro acusatorio sí fue notificado a las autoridades del centro educativo, contrario a lo que ocurrió con el congelamiento de sus cuentas bancarias, a principios de agosto.

La UCA y la Compañía de Jesús jugaron un papel importante en 2018, durante las manifestaciones de la sociedad civil en contra de una reforma al sistema de seguridad social.

El alma mater de los jesuitas fue escenario de varias de las marchas organizadas por la sociedad en contra de la represión que llevó a cabo Daniel Ortega sobre los disidentes.

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Alicia Ruiz López de Soria, ODN







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