La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, con sede en El Salvador, difundió un comunicado luego de que el gobierno de Nicaragua cancelara la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús, con el argumento de que esta asociación “no reportó sus estados financieros de los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022”, además de que -dijo- no promueve “políticas de transparencia en la administración y manejo”.
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En el acuerdo ministerial publicado este 23 de agosto se señala también que será la Procuraduría General de la República la que se encargue de traspasar al Estado los bienes inmuebles y muebles de la asociación.
Ante esta situación, los jesuitas aseveraron que se trata de una “agresión injustificada”, que continúa “en un contexto de total indefensión y de aterrorizamiento a la población nicaragüense“, y agradecieron las muestras de reconocimiento, apoyo y solidaridad que han recibido “ante estos crecientes atropellos”.
La Compañía de Jesús afirmó que la decisión se tomó sin que conste que se hayan realizado los procedimientos administrativos establecidos por ley.
“Como sucedió en la mayoría de los más de tres mil casos similares de cancelación de personería jurídica llevados a cabo por el régimen desde el 2018, este acuerdo se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los jesuitas y sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”.
Cabe mencionar que previamente el gobierno quitó a la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua uno de sus bienes: la residencia donde vivían algunos de sus miembros en Managua. En esta acción -ocurrida el pasado fin de semana-, además de la ocupación del inmueble, “se desalojó a sus moradores sin darles un tiempo razonable para recoger y llevarse sus pertenencias personales”.
Crímenes de lesa humanidad
En ese sentido, la Compañía de Jesús condenó la nueva agresión, “enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática calificada como ‘crímenes de lesa humanidad’ por el grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua conformado por las Naciones Unidas”.
Aseguraron que todo esto confirma que todo está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario.
De igual modo, responsabilizaron al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, “por estar, por lo menos, cohonestando estos hechos e impidiendo existan condiciones de independencia y neutralidad del poder judicial que le permita tomar medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos”.
Finalmente pidieron a la pareja presidencial el cese la represión y que acepte la búsqueda de una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho. “Respete la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos o con las que ellos colaboran”.
