La implementación de la llamada Nueva Escuela Mexicana, por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado una serie de reacciones en los distintos sectores de la sociedad, principalmente entre los padres de familia, originada principalmente por los nuevos libros de texto gratuitos, programas y planes de estudio, creando una polémica al inicio del ciclo escolar 2023-2024, este lunes 28 de agosto.
Gobernadores de diferentes entidades han informado que resguardarán los libros de texto hasta que se resuelva el litigio judicial promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia debido a que no se siguieron los procedimientos de ley para la elaboración de los mismos.
Al menos 7 de los 32 estados del país no entregarán en las siguientes semanas los materiales a los alumnos de educación básica. Las entidades son: Estados de México, Querétaro, Colima, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua y Guanajuato.
Existe una emergencia educativa
En este contexto, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha emitido dos comunicados, y este fin de semana, el secretario general del organismo, Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, denunció en un video distribuido en sus redes sociales que esta inconformidad por la Nueva Escuela Mexicana ha evidenciado una emergencia educativa en el país.
Sobre los libros de texto, particularmente, dijo: “Estos materiales deberían impulsar el desarrollo integral de nuestros estudiantes, al margen de cualquier instrumentación ideológica o política. La educación es un derecho humano, y no debe ser utilizada como instrumento de manipulación, de colonización ideológica”.
Las fallas en los libros de texto
Ramón Castro enlistó los principales problemas que presentan los nuevos libros de texto gratuito, comenzando -dijo- porque se violó la Constitución al no seguir el proceso que dicta el artículo tercero.
Y es que, el artículo en cuestión señala que el Ejecutivo Federal, para determinar los principios rectores y los objetivos de la educación inicial, debe considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, tales como los padres de familia, asociaciones de maestros y expertos en los distintos temas.
De acuerdo a los primeros análisis de distintos especialistas -explicó- “no se cumple plenamente el criterio de orientar la educación en base a ‘los resultados del progreso científico’ y no en fanatismos y prejuicios, fruto de ideologías ajenas al ámbito educativo”.
Insistió en que las autoridades de educación no tomaron en cuenta a los distintos actores, comenzando por los padres de familia, “tal como expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU: ‘Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos'”.
Además -continuó- los contenidos de los libros de texto gratuitos no se han construido a partir de criterios pedagógicos y didácticos, “que garanticen el buen aprendizaje de nuestra infancia y juventud, con enseñanzas acorde a su edad y madurez”.
Defender el derecho de la familia a educar a sus hijos
“Ante esta realidad que nos interpela sobre estos contenidos de evidente adoctrinamiento e ideologización en los nuevos libros de texto“, el obispo hizo un llamado a defender el derecho de toda familia: educar a sus hijos y esperar que la escuela sea un centro de formación en diversas disciplinas a fin de que, entre ambas instituciones, familia y escuela, logren generar personas de bien, con objetivos en la vida que construyan la sociedad que todos deseamos, pacífica y solidaria.
Ramón Castro exhortó a las distintas partes involucradas en la educación, el Estado, las organizaciones magisteriales, las instituciones educativas y la sociedad civil organizada, a “crear las condiciones propicias de diálogo y respeto mutuo para alcanzar el bien superior de la educación”.
