Como cada año, la Fiscalía General del Estado hace pública su Memoria. Entre los temas recopilados, los abusos en el seno de la Iglesia entran por primera vez. Tras el análisis de toda la documentación remitida por las fiscalías territoriales, el Ministerio Público insta a revisar “la determinación concreta de la indemnización en concepto de responsabilidad civil a que tiene derecho la víctima, que ha de integrar los daños morales y las lesiones psíquicas”.
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Igualmente, instan a “revisar la posible solicitud de responsabilidad civil subsidiaria de la Institución religiosa donde han tenido lugar los hechos constitutivos de delitos contra la libertad sexual a menores” y “la solicitud de la inhabilitación profesional del acusado para llevar a cabo toda actividad que esté relacionada con menores de edad”.
Del mismo modo, reconoce la “necesidad de valorar, cuando se den los elementos incriminadores necesarios, la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las Instituciones religiosas que han podido llevarse a cabo previamente a la denuncia, y de las que pueden dimanar tanto responsabilidades penales como civiles”.
La Fiscalía insiste en su “compromiso institucional de ofrecer una respuesta a las víctimas de una realidad criminal de incuestionable gravedad, como son los abusos y agresiones sexuales a menores cometidos en contextos religiosos, a través del seguimiento, estudio y coordinación de estos delitos, a la vista de su transcendencia social y del número de personas especialmente vulnerables afectadas por los mismos”.
Conocer el número real de casos
En su Memoria, reconocen que con ocasión de los trabajos realizados en torno a la elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia, “ante el desconocimiento del número real de asuntos de esta naturaleza”, se pidió a las fiscalías superiores, mediante un oficio, la identificación de todos los procedimientos penales en tramitación.
Asimismo, también dan cuenta de que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, entregó a la Fiscalía en junio de 2022 los dos informes realizados por El País denunciando esta cuestión que el propio periódico puso a disposición de los obispos.
En este marco, la Fiscalía procedió el 11 de julio a la incoación de un expediente de seguimiento en la Secretaría Técnica, “con el objeto de tomar conocimiento pleno del alcance y resultado de las investigaciones penales incoadas o que se incoaran en el futuro, de mantener la debida coordinación y de unificar la actuación de la Fiscalía en esta materia en todo el territorio nacional”.
El delito mayoritario: agresiones sexuales a menores de 16 años
Según el análisis de esta documentación, se hacía complicado saber cuántos procedimientos judiciales existían por abusos en el seno de la Iglesia al no quedar registrada la profesión del denunciado, por lo que se ha pedido a los fiscales hacer un esfuerzo en este sentido y remitir información de estos procedimientos trimestralmente. Además, admiten que los datos son parciales, debido a que la mayor parte de procedimientos son de 2021 y 2022, con pocos casos remitidos de años anteriores.
En otro orden, constatan los tipos de delitos, destacando el abuso y agresión sexual a menores de 16 años; la tenencia de pornografía; el descubrimiento y revelación de secretos; el exhibicionismo y provocación sexual; el acoso o ‘stalking’ a menor de 16 y de prostitución y corrupción de menores, y que se han calificado en su mayoría como delitos continuados.
Como ponen de manifiesto los datos, han sido remitidos por las fiscalías territoriales un total de 147 procedimientos, de los que 61 han sido tramitados en sede fiscal y 86 en sede judicial. De estas 61, un 44% se incoaron en 2022, un 26% en 2021 y el 30% restante en años anteriores. Así, de las 86 diligencias previas remitidas, un 18% fueron incoadas en 2022, un 29% en 2021 y el 53% restante en años anteriores. Los hechos tuvieron lugar en el 67% de los casos con posterioridad al año 2000 y en el 33% con anterioridad a 1990.
Por su parte, de las 20 sentencias remitidas de procedimientos judiciales finalizados, son condenatorias 19 de ellas, dos con conformidad del acusado y una fue revocada en apelación. Por tanto, hay un 95% de condenas (18) frente al 5% de absoluciones.
La Comisión de Expertos se ha reunido cuatro veces
La Fiscalía se centra también en las causas de archivo tanto de las diligencias de investigación como de las diligencias previas. El 32% fue archivado al haberse extinguido la responsabilidad penal por prescripción. El 5% fue archivado por la Fiscalía al haberse extinguido la responsabilidad penal por fallecimiento del autor. El 29% fue archivado por no resultar acreditados los hechos. El 27% de las diligencias de investigación fueron archivadas por interposición de denuncia o querella ante el juzgado.
Por otro lado, el Ministerio Público justifica los oficios remitidos a la Conferencia Episcopal y las 70 diócesis en junio y diciembre reclamando toda la información sobre testimonios de víctimas, puesto que han constatado que la formalización de las denuncias en la mayoría de los casos no se realizan únicamente en las fiscalías territoriales o en los juzgados, sino en las oficinas de abusos de los obispados. Asimismo, destacan su intercambio de formación con el Defensor del Pueblo.
Por último, destacan que la Comisión de Expertos creada se ha reunido en cuatro ocasiones en 2022, con el objetivo de elaborar un informe que se extienda a determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas y planificar políticas de prevención y atención a las víctimas.
