La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), contra los artículos del Código Penal Federal que sancionan el delito del aborto.
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Desde el 2021, tras una decisión de la SCJN, cualquier mujer que quiera abortar puede tramitar un amparo contra los códigos penales locales para no ser sancionadas con cárcel; sin embargo, a partir de ahora, al estar amparado el GIRE, basta con que una mujer esté respaldada por esta organización para que pueda abortar en cualquier hospital federal del IMSS o ISSSTE, o alguna clínica privada.
Si bien GIRE ha difundido que ahora todos los congresos, tanto el federal como los locales, deben eliminar de sus códigos penales las sanciones por el delito del aborto, expertos aseguran que para ello no basta la resolución de una sala de la SCJN, sino que es necesario que el tema se defina en el pleno de la Corte.
Los obispos se pronuncian
Al respecto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó que, “en estos momentos de violencia lacerante en el país, desde esta instancia suprema, que debería velar por la justicia, el derecho y la paz social, se contribuya a polarizar a la sociedad e infringir otras fracturas en el tejido social”.
La CEM se opuso a cualquier forma de violencia en contra de las mujeres: “tanto de aquellas que se vean orilladas a acudir al aborto (…) como con las más vulnerables, aquellas que se encuentran -junto con los niños inocentes- aún dentro del vientre de sus madres. Hay que ser firmes con la verdad, pero comprensivos con las personas y sus circunstancias”.
“El aborto provocado, al ser despenalizado, normaliza la cultura del descarte y deja sin responsabilidad a las autoridades y a la sociedad en su conjunto del cuidado y protección de toda vida humana”, dijeron.
Además, “desgasta los cimientos del estado de derecho, distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos, con lo cual se mina el bien común”.
Legalización del aborto: “reconocimiento de la impotencia estatal”
Los obispos recordaron a los ministros que cuanto más débil, indefensa y vulnerable es una persona, más requiere de los esfuerzos solidarios y subsidiarios para su cuidado por parte de la sociedad y del Estado, “por lo que el aborto provocado nunca será una opción moral, ni legítima”.
Lamentaron que en temas tan relevantes como este, no se haya procedido con cuidado a la reflexión, al discernimiento y discusión social, “sin los cuales se minan los fundamentos de un Estado democrático de Derecho”.
La legalización del aborto provocado -concluyeron los obispos- “significa el reconocimiento de la impotencia estatal y de la sociedad civil organizada ante las causas que llevan a las mujeres a considerar el aborto como una solución sin atender aquello es el verdadero problema”.
