Un pequeño grupo de sacerdotes, religiosas, diáconos permanentes, laicas y laicos presididos por el obispo de Iquique, Isauro Covili, ofm, llegaron hasta Pisagua, un pequeño poblado a 164 kilómetros al norte de Iquique, donde realizaron una liturgia penitencial. Allí hubo un campo de prisioneros en los primeros años de la dictadura, y en 1990 fue encontrada una fosa común con cadáveres identificados como detenidos desaparecidos durante la dictadura.
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“Como iglesia nos hemos congregado en este lugar para hacer oración por el descanso eterno de aquellos hermanos que han sido encontrados en esta fosa”, dijo el obispo Covili. “A la vez para rezar por el país. Para que este tiempo sea de profunda reflexión en la que nos comprometamos a cuidar la vida, la democracia, la dignidad y el respeto de unos por otros, para construir un mundo con más paz y mayor alegría para todos”, agregó el obispo.
Construir una vida mejor y más digna
Aludiendo a la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en Chile, agregó Covili que “este tiempo de hacer memoria del 11 de septiembre nos permita mirar el futuro con esperanza en la certeza de que todos somos importantes, de que nadie sobra, de que todos estamos invitados a construir una vida mejor y más digna para todos. Que este tiempo de reflexión signifique para todos construir fraternidad, amistad social, amistad civil y especialmente para que nunca más en nuestro país vuelvan a ocurrir hechos atroces como los que sabemos que ocurrieron”, concluyó el obispo de Iquique.
Desde el golpe militar hasta fines de 1974 en Pisagua se mantuvo un campamento de prisioneros a cargo de una división del ejército. Por allí pasaron unas 2.500 personas muchas de las cuales fueron ejecutadas. Allí ocurrieron además gravísimas violaciones a los derechos humanos cuyas víctimas fueron identificadas en los Informes de las Comisiones Rettig y Valech.
Apenas pocos meses después del regreso a la democracia, fue descubierta una fosa común con restos de 19 ejecutados. En 2008, fue declarada Monumento Nacional a través de un decreto en el que se reconoce las violaciones de los derechos humanos ocurridos en ese lugar a partir de 1973 y el rol que cumple la fosa como espacio de memoria que merece el respeto y la protección de parte del Estado.
