“El nuevo curso escolar 2023-24 que se inicia estos días está marcado por la incertidumbre política generada tras las elecciones autonómicas de mayo y las generales de julio; el descenso drástico de la natalidad, con el consiguiente cierre de aulas; y una crisis económica cada vez más evidente, con una inflación subyacente que nos retrotrae a porcentajes de hace 30 años”. Este es el análisis de Escuelas Católicas en este septiembre en el que los estudiantes vuelven a las aulas.
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Por eso, en este contexto “claramente complejo”, Escuelas Católicas aborda el curso “con determinación y esperanza, pero también con un llamamiento a los responsables políticos ante la urgente necesidad de un Pacto Educativo de Estado que acabe con la asfixiante sensación de provisionalidad en las sucesivas reformas y permita la mejora de la educación en España”.
Como informan en un comunicado, “el actual contexto político resulta enormemente complejo para llevar a la práctica una ordenada implantación completa de la LOMLOE. Escuelas Católicas teme que la diversidad de opiniones en las comunidades autónomas que no respaldaron la ‘Ley Celaá’ dé lugar a una aplicación diferenciada según las regiones, sobre todo si tenemos en cuenta el enorme margen de competencia que otorga la nueva legislación a las comunidades, tanto a la hora de completar contenidos curriculares, como al desarrollar aspectos de la evaluación o establecer nuevas materias”.
Asimismo, “estima que un Gobierno en funciones no va a acometer todos los retos y desarrollos pendientes. Baste como ejemplo la negativa a aprobar una nueva regulación de la EBAU para los alumnos que comienzan 2º de Bachillerato, dejando el problema al nuevo Ejecutivo”, agregan.
La crisis demográfica
Por otra parte, Escuelas Católicas se muestra preocupada por la crisis demográfica, “cuestión que va a ser decisiva para el futuro de los centros educativos”. Por una parte, este 2023 “hemos sufrido con virulencia los efectos de plazas vacías en infinidad de escuelas e institutos públicos y, en consecuencia, el cierre de unidades o aulas en centros concertados por aplicación de los discriminatorios criterios de prioridad establecidos en la LOMLOE”. Así, denuncian que “las administraciones no quieren enfrentarse a una reducción de aulas públicas y reducen aulas concertadas con suficiente demanda con objeto de que los alumnos no admitidos puedan completar aulas públicas”.
Escuelas Católicas también recuerda que la disminución de alumnos supone disminución de ingresos, lo que reduce la capacidad de los centros concertados para mantener en buen estado las instalaciones o cumplir, por ejemplo, con la creciente normativa sobre espacios, viéndose abocados a solicitar en algunos casos la cesión de la titularidad o el cierre. “Vuelve a ser urgente la constitución efectiva de la ‘Comisión de estudio del coste del puesto escolar’, contemplada en la LOE de 2006, con el fin de adecuar los módulos de conciertos al coste real de impartición de la enseñanza”.
Del mismo modo, la escasa natalidad está provocando una reducción de ratios máximas por aula en diferentes niveles (Infantil, Primaria e, incluso, ESO), “con unos efectos colaterales que están por llegar”, en el orden pedagógico (con menos alumnos será complicado ofertar todas las modalidades, optativas, etc.), económico y social.
Demanda de plazas de FP en concertados
Otro de los desafíos de este nuevo curso escolar está en la Formación Profesional. “El esfuerzo realizado para relanzar estas enseñanzas con la reciente Ley específica encuentra un escollo importante para su pleno desarrollo en los centros privados concertados. Los requisitos mínimos de instalaciones quedan en demasiados casos en manos de las comunidades autónomas, lo que dificulta los procesos de ampliación y oferta de nuevos ciclos formativos; todo ello unido a una planificación discrecional por parte de dichas administraciones que privilegia el incremento en institutos públicos, a pesar del carácter complementario de la oferta concertada”, explican.
En la práctica, esto se traduce en que muchos centros concertados interesados en ofrecer nuevos ciclos no pueden hacerlo y “un número considerable de alumnos ven frustradas sus expectativas”. Por eso, en estos momentos, “es imprescindible la colaboración entre institutos y centros privados y privados concertados para atender toda la demanda de plazas de FP”.
