“Todo lo que sirva para acabar con la lacra de los abusos, bienvenido sea”. Es la reacción informal que nace desde la Conferencia Episcopal ante el dardo de la Fiscalía General del Estado, después de que en su Memoria Anual expusiera su deseo de intensificar su búsqueda a los encubridores de abusos y en analizar si la Iglesia debe indemnizar a las víctimas por los daños psíquicos y morales generados por los condenados.
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“Que la Fiscalía investigue, es su labor”, exponen fuentes episcopales a ‘Vida Nueva’, que a la par muestran su “sorpresa”, con cierto malestar añadido, por el hecho de que ahora el Ministerio Público se preocupe por estas cuestiones, cuando sus competencias, de haber tenido sospechas sobre estos temas, le permitían y le exigían haber alertado y actuado antes.
Poner medios
“Si algo está fallando en esta materia, no es por falta de voluntad de la Iglesia, sino porque desde los poderes públicos no se pondrían los medios. Espero que se conciba más como una autocrítica que como un ataque a la Iglesia”, refutan desde el Episcopado sobre esa sospecha de opacidad que deja entrever la Memoria de la Fiscalía.
En paralelo, quienes siguen diariamente estos casos desde la calle Añastro dejan caer que “el encubrimiento ya es delito, esto es, no es que la Iglesia tenga algún privilegio o no se haya sentado en el banquillo de los acusados. Ya hay sentencias que condenan a diócesis y congregaciones como responsables subsidiarias en algunos casos, por dejación de funciones y no vigilancia cuando debía”. En cualquier caso, sí se tiene la percepción de que estas sugerencias de la Fiscalía sería fruto de posibles susurros de Moncloa para poner, una vez más, entre las cuerdas a los obispos, sobre todo, ante la opinión pública. “Si es una laguna tan determinante, ¿por qué no han actuado ya si pudieron hacerlo?”, se preguntan algunas voces episcopales.
