“Es deber de las comunidades de destino convertirse en comunidades de acogida”, ha señalado Ana Bosch, abogada de Pueblos Unidos
“Cuando se habla de migraciones muchas veces se utilizan tonos alarmistas o de emergencia”. Esta es la denuncia de tíscar Espigares, responsable de la Comunidad de Sant’Egidio en Madrid, en un encuentro con periodistas con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 2023, que se celebra este próximo 24 de septiembre con el lema ‘Libres de elegir si migrar o quedarse’, organizado por la Mesa de la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid.
Presentado por Mario Alcudia, director de ‘El Espejo de Madrid’ de COPE, el primero en intervenir fue José Manuel Aparicio, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, quien ha analizado esta “sociedad diversa y pluricultural”.
Haciendo alusión al lema de la Jornada, ha insistido en la necesidad de tipificar el derecho a no tener que emigrar. “Se trata de la medida más inteligente para la regularización de los flujos migratorios y la única manera que haga de la migración una opción y no un último recurso”, ha señalado.
Ante la realidad española, ha insistido en que “los datos apuntan a una progresiva transformación de nuestra sociedad en la que los porcentajes de migración son ya significativos. Esto requiere una reflexión y un trabajo que permita orientar la fuerza de la cultura del encuentro hacia escenarios de progreso y bienestar”.
Por otro lado, Espigares ha puesto el foco en el mar. Recordando el trágico naufragio en Lampedusa hace una década en el que murieron 368 personas, que supuso un impacto para toda la sociedad, ha denunciado que en estos años se ha producido un “debilitamiento” de las actividades de auxilio en el mar por parte de Europa “hasta el punto de que a día de hoy no existe ninguna operación europea de salvamento en el Mediterráneo, y las naves humanitarias de ONG muchas veces son objeto de campañas de descredito y obstáculos burocráticos para su funcionamiento”.
Espigares ha alertado que el número de muertos en el mar no hace sino crecer. Desde 2014 hasta hoy 58.830 personas han muerto o desaparecido en viajes migratorios en todo el mundo, de los que al menos 45.000 han muerto o desaparecido en los viajes hacia Europa, de los que 35.350, es decir, casi el 80%, han perdido la vida en travesías por el mar, ha dicho citando datos de la Organización Mundial de la Migración.
“Durante los últimos años la Unión Europea ha privilegiado una política de defensa y externalización de fronteras, tratando las migraciones más como una cuestión de seguridad que como una cuestión humanitaria”, ha afirmado.
En su opinión, “Europa carece de una visión y de una reflexión sobre un tema epocal como el de las migraciones. Hace falta diseñar vías legales y seguras de entrada para los migrantes, este seria el primer paso para un sistema estructurado de acogida e integración. Cuando la migración va acompañada de itinerarios de integración representa un poderoso motor de prosperidad del que podemos beneficiarnos todos: los migrantes y las poblaciones de los países de origen y de destino”.
De hecho, ha puesto sobre la mesa la experiencia de los corredores humanitarios puestos en marcha por la Comunidad de Sant’Egidio y con los que ya han llegado a Europa de manera legal y segura 6.288 personas desde febrero de 2016.
La abogada de Pueblos Unidos Ana Bosch ha puesto el foco en la defensa de los derechos humanos, una realidad que denuncia como responsable de visitas a los CIE. “Para conseguir construir una sociedad justa e integradora no podemos olvidar el enfoque de los derechos. Tenemos que evitar que un grupo de personas que forman parte de nuestra sociedad, como son las personas migrantes, sean invisibles; porque de esta manera las estamos excluyendo de un proyecto que llama a ser común”, ha señalado.
Y ha continuado: “Para que la persona pueda desarrollarse plenamente necesita ser reconocida como sujeto social y abrirle la puerta a que pueda participar de la sociedad en la que convive, porque no podemos ignorar que compartimos barrios, escuelas e interés y necesidad en salir adelante”.
Por tanto, “si no se reconoce derechos a estas personas, no podemos pretender exigirles responsabilidades. Es deber de las comunidades de destino convertirse en comunidades de acogida, debiendo trabajar necesariamente teniendo en cuenta los derechos que le son propios a todo ser humano para que sea posible construir sociedades inclusivas que hagan posible la convivencia”.
De hecho, según la abogada de Pueblos Unidos, “la respuesta que ha tenido Europa, España y la propia población con la situación tan horrible vivida en Ucrania nos abre la puerta a saber que otra mirada y otra manera de hacer es posible”.
En otro orden, Rufino García, delegado para la Pastoral de Movilidad Humana de la Archidiócesis de Madrid, ha dado cuenta de cómo la Iglesia madrileña se ha convertido en escuela de fraternidad e inclusión durante los últimos años. Por poner solo un ejemplo, la Mesa por la Hospitalidad puso en marcha en junio de 2018 el proyecto de acogida de emergencia a migrantes y refugiados, que hasta el momento ha acompañado a más de 1.000 personas.
Una de estas personas es Laura Facal, quien ha hablado en primera persona como migrante, agradeciendo a García haberse convertido en su familia. Ella llegó a España hace cuatro años junto con sus hijas y su marido desde Argentina ahogados por la situación económica en el país. Aquí encontró una vida digna acogida en una parroquia madrileña que le ha servido de empujón para comenzar una vida nueva en nuestro país.
Ella es solo uno de los casos que demuestra que, como ha dicho García, “la acogida y la hospitalidad en Madrid son de calidad, de calidez e inclusivas”.