La Audiencia Provincial de Málaga ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Servicio Jesuita al Migrante (SJM) y la Fiscalía contra la sentencia desestimatoria del Juzgado de lo Penal 2 de Melilla, condenando, así, a un grupo de personas que, a través de un grupo de Facebook compuesto por 14.000 miembros, durante el año 2017 vertieron expresiones humillantes, agresivas y que incitaban a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes no acompañados o sin referentes (conocidos como MENAS).
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Así lo ha hecho saber el SJM por medio de un comunicado en el se que manifiesta que “preocupa el aumento de los delitos de odio, particularmente, los que se valen de las redes sociales”. “La incitación a la violencia contra personas migradas lo es a compañeros de trabajo, vecino, amigos y familiares en una sociedad diversa y rica que no merece que la sometamos a dinámicas de racismo, explotación ni exclusión”, asevera la organización.
Espacios de encuentro
Tanto el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España de 2022 como La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, señalan que la evolución global de este tipo de delitos así como de incidentes relacionados ha ido en aumento, siendo internet, telefonía y redes sociales los medios más empleados para su comisión. De igual forma, el informe anual 2023 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea refleja una tendencia al alza a nivel continental tanto de los delitos de odio impulsados por motivos raciales o étnicos como de episodios de discursos (sobre todo en la red) que han sido o podrían ser constitutivos de delito.
“El SJM continúa con su labor de aportar a la sociedad reflexión y espacios de encuentro en aras de la convivencia desde el trato digno a todas las personas que componen la sociedad diversa e intercultural en la que vivimos”, asegura la organización. Apostando, “desde esa mirada de riqueza humana, por la acogida de nuestros nuevos vecinos y vecinas; caminando siempre al lado de las personas migradas, en defensa de quienes son castigados por situaciones de exclusión, estigmatización, incomprensión o discriminación; especialmente de aquellas con una situación de especial vulnerabilidad como es la infancia extranjera no acompañada”.
