El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, afirmó que “el el debate ético en la vida pública se ha empobrecido o simplemente se evita. Cuando se piensa que es simplemente una cuestión religiosa, el diálogo se hace imposible”. Así, tal como recoge AVAN, lo manifestó en la apertura del ciclo de conferencias del Club de Encuentro Manuel Broseta, en el que realizó un análisis del momento actual, el diálogo de la Iglesia con las instituciones, la presencia de los cristianos en la vida pública y en las instituciones del Estado, el propio papel del Estado o los derechos humanos.
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“Hay otro hecho que dificulta el diálogo: la identificación de ciertas posiciones en cuestiones de gran calado ético con determinadas opciones políticas”, continuó el arzobispo. “La politización del debate ético y el encasillamiento político de las personas por defender ciertas posturas que, en principio, no necesariamente están vinculadas a una opción política, pero que se han convertido en bandera política, puede llegar a matar el diálogo sincero sobre cuestiones que afectan profundamente a la comprensión del ser humano”.
“Si además, las opciones de los partidos sobre las cuestiones éticas no se fundamentan en una visión del ser humano, sino en los réditos electorales, entonces el debate ético en orden a una sociedad más justa ha muerto”, matizó durante el encuentro.
Disciplina de voto: el “drama de ser político y católico”
El arzobispo de Valencia, presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española (CEE) señaló que “la política no es misión propia de la Iglesia, pero los cristianos no se pueden desentender de ella, solos o asociadamente. Ahora bien, no se debe atribuir a la Iglesia la responsabilidad en sus actuaciones. El católico que se compromete en un partido ha de ser consciente que se encontrará ante el ‘drama’ de ser político y católico”.
Benavent recordó que “la presencia de cristianos que han entrado en los partidos políticos movidos por la fe cristiana en su juventud ha sido una constante. Sin embargo, una vez se entra en la dinámica de la vida partidista, en muchas ocasiones se impone la renuncia a principios y valores básicos, que quedan en segundo plano. La disciplina de voto en cuestiones que no están necesariamente vinculadas a una opción política se ha impuesto de tal modo, que el compromiso de un católico en la vida de un partido puede llevarle a conflictos de conciencia, a ‘hago lo que puedo’ por la obediencia férrea a la disciplina del partido o ‘si no estuviéramos nosotros sería peor’. No sé si esto tiene solución en el momento actual, pero es la realidad en la que nos encontramos. Sería más deseable mayor espacio a la libertad personal de decisión en aquellas cuestiones que afectan a la conciencia de las personas”.
Por ello, el arzobispo defendió que el compromiso público de los católicos debe encauzarse fuera y al margen de los partidos políticos. “Se puede ayudar más directamente a personas fuera de las estructuras políticas que desde las mismas. Sería deseable que las asociaciones por las que se encauza el compromiso social de muchos cristianos que no se sienten cómodos ante la disciplina partidista no dependieran tanto de los poderes públicos”.
Al respecto de la función del Estado, Enrique Benavent denunció que “la autoridad es un instrumento de coordinación al servicio de la sociedad y su ejercicio no puede ser absoluto. No se puede convertir en una instancia que invada o pretenda regular todos los aspectos de la vida de las personas y de las familias. Ha de ser imparcial y no puede constituirse en promotor de valores o ideologías”.
“Cuando el poder se sirve de los medios de los que dispone para difundir una determinada concepción del ser humano o de la vida, se está extralimitando en sus funciones”, subrayó. “Esto no excluye la necesidad de regulación de la libertad religiosa y de conciencia, que puede justificar la prohibición de ciertas prácticas no porque sean religiosas, sino porque atentan contra la dignidad de la persona humana o porque son comportamientos manifestación de odio contra ciertas personas o colectivos, pero para evitar esto, que es una obligación legítima del Estado, no se pueden imponer ideologías. El deber de los cristianos de respetar a todos los seres humanos, no nos obliga a asumir ciertas antropologías contrarias a la antropología cristiana”.
También afirmó que “la misión de la Iglesia no consiste en involucrarse directamente en la vida política convirtiéndose en un partido político, sino ofrecer su doctrina social, que nunca ha pretendido ser un conjunto de normas. Se trata de fundar en la razón principios morales que pueden ser válidos para todos y dialogar sobre ellos”, y con respecto a los cristianos en las instituciones advirtió de que “no pueden promover positivamente leyes que cuestionen el valor de la vida humana, ni apoyar con su voto propuestas que hayan sido presentadas por otros. Cuando no fuera posible abrogar las que están en vigor o evitar la aprobación de otras, quedando clara su absoluta oposición personal, puedan lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de estas leyes y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública”.
La “objeción de conciencia institucional”
Enrique Benavent analizó que “vivimos en un ambiente caracterizado por un individualismo que ha conducido a que se reconozcan por parte de los poderes públicos unos nuevos ‘derechos’ que, en realidad, son la manifestación de deseos subjetivos. Hoy estamos asistiendo al fenómeno de que comportamientos que eran tolerados mediante una ‘despenalización’ adquieren la consideración de ‘derechos’ que deben ser protegidos y promovidos. Se promueve, además, la imposición de estos principios en los planes educativos.Actualmente tenemos la sensación de que se ‘toleran’ algunos derechos humanos como si se tratara de una concesión ‘graciosa’, o de que se reducen a su mínima expresión, como cuando la libertad religiosa es reducida a una libertad de culto”.
En este sentido solicitó “una justa regulación de la objeción de conciencia, exige que se garantice que aquellos que recurren a ella no serán objeto de discriminación social o laboral. La elaboración de un registro de objetores no debería ser un riesgo en este sentido para quienes objetan. También es legítima, la ‘objeción de conciencia institucional’ a aquellas leyes que contradicen su ideario. El Estado tiene el deber de reconocer este derecho, si no lo hace, pone en peligro la libertad religiosa y de conciencia”.
Respecto al diálogo de la Iglesia con la sociedad, abogó por la “delicadeza y respeto. La razón que debemos dar de nuestra esperanza no ha de consistir en discursos polémicos y en la manía de tener siempre la razón. Deseamos que la verdad brille por la fuerza de la misma verdad. Puede parecer un tanto ingenuo, pero tengamos en cuenta que, si quitamos la mística al Evangelio, podemos acabar reduciéndolo a mera ideología”.
El arzobispo afirmó que “el cristianismo es una religión y no un proyecto político intramundano. La fe cristiana constitutivamente debe proponer su propia visión y dialogar con el mundo en el clima cultural que vivimos. Hoy no son los no creyentes los que deben justificar su increencia, sino que somos los creyentes quienes debemos dar razón de nuestra esperanza”.
