El informe sobre abusos en la Iglesia del Defensor del Pueblo entra en su recta final. Según ha podido saber Vida Nueva, se podría llevar al Congreso de los Diputados en octubre, cumpliendo así con el encargo realizado hace año y medio por la Cámara Baja. Sin embargo, desde el equipo de Ángel Gabilondo prefieren no marcar una fecha en el calendario y no dan por seguro este extremo, si bien confirman el buen ritmo del trabajo de la Comisión.
El citado estudio sigue su curso normal pese a la disolución de las Cortes, puesto que la idea de Gabilondo era entregarlo antes de que acabara la legislatura que Pedro Sánchez concluyó repentinamente en mayo con el anuncio de unas nuevas elecciones. Es decir, el Defensor del Pueblo cumplirá así con su palabra de tenerlo listo antes de que finalice 2023.
La Comisión se reunió ayer en la sede del Defensor del Pueblo para rematar el informe que parece que se hará público antes del que sigue cocinando Cremades&Calvo Sotelo, el bufete de abogados al que la Conferencia Episcopal Española encargó una auditoria sobre esta lacra.
El texto, que aún no ha trascendido, prevé “determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder”.
Tras año y medio de trabajos, Gabilondo, además de crear la Comisión –compuesta por 17 asesores externos a la institución, pertenecientes al ámbito profesional o académico, con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos en victimología, en el ámbito jurídico o en derechos humanos–, ha sacado adelante una unidad de atención a las víctimas que se encarga de escucharlas y recoger información, y un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas.
Hasta marzo, última vez que el Defensor del Pueblo ofreció datos, habían recibido 445 testimonios de víctimas. Además, el propio Gabilondo se ha dirigido personalmente en varias ocasiones a las congregaciones religiosas que aglutinan la mayoría de los casos para trabajar juntos por el bien de las víctimas. Algunos de estos institutos, consultados por Vida Nueva, destacan el “correcto trato” y la “rigurosidad” de las personas al frente del ‘Informe Gabilondo’.