La Secretaría de Estado de la Santa Sede ha reclamado 177 millones para compensar los daños morales y reputacionales por el llamado ‘caso Becciu’. Esta petición ha tenido lugar durante la última audiencia del juicio por supuestas irregularidades financieras vinculadas, entre otras, a la polémica compraventa de un inmueble en Londres. Ya el Banco Vaticano pidió que los imputados devuelvan los 700 millones de euros malversados. En el banquillo hay diez acusados, entre ellos el que fuera sustituto de la Secretaría de Estado, el cardenal defenestrado Angelo Becciu, para el que el fiscal pide más de siete años de prisión.
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La abogada civil Paola Severino, en nombre de la Santa Sede, expuso con detalle el daño público causado por los “abusos y engaños” de los que presentó como “mercaderes del templo, en gran parte acompañados y consentidos por Su Eminencia Becciu“. Por eso, expuso que ahora precisa poner en marcha una “campaña reputacional destinada a rehabilitar el honor dañado por los crímenes cometidos”. Una a una, fue describiendo “varias corrupciones”, “castillos de fraudes”, desvíos de recursos y otros “graves ilícitos”.
Cálculo de la indemnización
Pero, ¿por qué el Vaticano pide 177 millones de euros? La Secretaría de Estado solicitó un baremo a la sociedad Volocorm, que calculó que el valor de los daños causados por los demandados oscila entre 98 y 177 millones de euros, situándose en 138 millones como una media razonable. Severino expuso en la vista oral que esta cifra está “enteramente basada en documentos” tras analizar la repercusión del conocido como ‘caso Becciu’.
Durante su exposición, la letrada repasó cada uno de los episodios de malversación de los que el Vaticano se ha sentido víctima, desde la propuesta de invertir en pozos petroleros en Angola hasta la compra “sobrestimada” del edificio londinense, pasando por otras operaciones que permitieron a los asesores y consultores inculpados “obtener el control incondicional e indiscutible del patrimonio de la Secretaría de Estado durante mucho tiempo”.
Fin a un timo colectivo
De la misma manera, la abogada relató cómo se logra poner freno a este timo colectivo. El nombramiento de Edgar Peña Parra como nuevo sustituto de la Secretaría de Estado en agosto de 2018 supuso, según describió Severino, una “piedra” para “este mecanismo bien engrasado”. Y es que el diplomático alertó de inmediato que, con la firma de los contratos en Londres , el Vaticano “había adquirido una caja vacía”. De la misma manera, Peña Parra reclamó “encontrar una salida a la situación, preservando en la medida de lo posible la inversión”.
A partir de ahí, se inició un proceso que el propio sustituto de Secretaría de Estado definió como “un verdadero viacrucis”, con extorsiones incluidas para poder recuperar lo invertido. “Toda la negociación fue una demostración del poder y la fuerza de los que estaban dotados mientras la Secretaría de Estado era impotente”, dijo Severino.
Inversiones fallidas
En la sesión vespertina de esta vista oral, junto a Severino, también intervinieron las abogadas Daniela Sticchi y Elisa Scaroina, que ha colaborado con ellas en el informe sobre los daños causados por estas inversiones fallidas. “Se ha jugado muchas veces con dinero de la Secretaría de Estado: en 2013, en 2014, se volvió a jugar en 2018…”, explicitaron. Entre los hechos que expusieron, se encuentra la cuestionable compra por parte del departamento vaticano de 30.000 acciones sin derecho a voto de Torzi al precio simbólico de 1 euro de un fondo a Gianluigi Torzi, uno de los acusados, que se reservaría las otras mil restantes con derecho a voto.
Tras este relato, la abogada detalló que “establecer la verdad es el fin del proceso, no la venganza, no el ajuste de cuentas, no los intereses personales”. “Esto reafirma la fuerza de la Iglesia frente a la falacia de los hombres. Haber querido este proceso es un hecho simbólico”, añadió.
