Ultimátum de la Conferencia Episcopal Española a Cremades & Calvo Sotelo. Los obispos dan diez días de plazo al bufete de abogados para presentar la auditoría sobre los abusos en la Iglesia. Según avanza Sara de la Torre en Cope citando fuentes del propio Episcopado, si dicha entrega no se produjera en este plazo, se entendería que se han incumplido los términos de contrato, que daban un año para la elaboración del trabajo.
En febrero de 2022, los obispos y el bufete convocaron una rueda de prensa conjunta anunciando la auditoria independiente, cuyos trabajos concluirían con la presentación de un informe en febrero de 2023. Con retrasos ya acumulados, se anunció que este inicio de curso sería la fecha elegida para la entrega del informe final.
Sin embargo, el 28 de septiembre, el secretario general del Episcopado, César García Magán, compartía que durante el transcurso de la Comisión Permanente celebrada en esos días parte del equipo investigador les habría informado otra demora de dos semanas.
Todo hace pensar que los plazos se demorarán una vez más. Así al menos lo han dejado caer desde el despacho de abogados a esta revista consultados previamente al ultimátum anunciado por Cope.
Más allá de los tiempos, en el encuentro con la treintena de obispos de la Permanente ya se habría dado a conocer a puerta cerrada algunos detalles del informe. Y lejos de encontrar unanimidad en la acogida, generó cierto malestar en parte del Episcopado.
A priori, podría pensarse que se trataría de discrepancias por las cifras de abusos recopiladas, ya que se habría descartado hacer una proyección al estilo francés que llegó a barajar la cifra de 330.000 menores agredidos en los últimos 70 años. Las intervenciones no fueron por ahí, sino más bien por una cuestión de fondo: la calidad de trabajo del estudio, el método de verificación utilizado y las recomendaciones dadas.
Según ha podido confirmar Vida Nueva, personal de la Conferencia Episcopal Española y de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) habrían tenido acceso ya a un primer borrador de la auditoría, en el que se habría detectado “algunos errores de redacción subsanables” (con algún error ortográfico inclusive), pero también “contradicciones” a la hora de ofrecer una hoja de ruta para mejorar los sistemas de prevención y protección para menores y adultos vulnerables, así como sobre el modelo de reparación de víctimas.
“Hay puntos esenciales que dan la sensación de estar cogidos con pinzas. Por eso, no estaría de más remarcar que es un trabajo autónomo, que hemos encargado, pero con el que no nos identificamos. Anotamos lo que sugieren, pero con distancia y cuarentena. Sobre todo, porque ofrece lagunas en lo que al acompañamiento y justicia restaurativa con las víctimas se refiere, cuando tendría que estar en un primer plano, en el centro, como nos pide el Papa”, explica un especialista en esta lacra, conocedor del texto. “Hay algún aspecto con el que no estoy de acuerdo y le falta cierta profundidad, pero no le daría más importancia”, contrapone un obispo consultado.
Varias congregaciones religiosas habrían manifestado su decepción por la “falta de precisión” en quienes se han encargado tanto de recopilar la información sobre los casos históricos registrados como de verificar los datos. “Solo nos llamaron una vez por teléfono y nos pidieron que rellenáramos una ficha. Se lo enviamos y no corroborar nada de lo que les dimos, lo dieron por bueno”, expone la responsable de un instituto de vida consagrada a Vida Nueva.
Esta misma percepción tienen los provinciales que se han reunido con los enviados por el bufete como por la comisión del Defensor del Pueblo, que ultima su propio informe. “La diferencia entre unos y otros es notable. Desde Cremades se notaba que no sabían nada de nosotros ni controlaban los códigos eclesiales y antiabusos”, relata un religioso que, por el contrario, elogia que “el equipo de Ángel Gabilondo venía con nuestra radiografía hecha: conocían quienes somos, qué hemos hecho y que no, y compartimos nuestras propuestas de mejora y nuestro errores”.