García Magán: a la espera de una “sentencia firme” y del dictamen de Roma tras la condena de un cura de Toledo por abusos continuados a un seminarista menor

“Por supuesto, respetamos la decisión de la autoridad judicial”. Así se ha manifestado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar, César García Magán, durante la presentación de la jornada del Domund de 2023, en su primera comparecencia pública tras conocerse una sentencia de la Audiencia provincial del León que condena a siete años y un día de presión, así como a 40.000 euros de indemnización, a un sacerdote de la diócesis primada de Toledo por abusos continuados a un seminarista menor entre 2005 y 2007.

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“Hay que decir que no es una sentencia firme todavía, es susceptible recurso, de apelación. De hecho, habrá actuaciones judiciales porque ambas partes, al finalizar el juicio, manifestaron que iban a recurrir una parte u otra, según como fuera el pronunciamiento de la sentencia”, expuso el prelado remitiéndose a la nota de prensa publicada previamente por el Arzobispado de Toledo.

Indagar sobre la verosimilitud

Echando la vista atrás, el obispo auxiliar aclaró que, “desde que se tuvo en la diócesis noticias indirectas de estos hechos, se inició un proceso, prescritos por la ley canónica vigente para indagar sobre la verosimilitud”. “ Se presentó una denuncia civil, no fue un foro canónico, y hubo, por lo menos, cuatro tentativas del juzgado que llevó las diligencias previas de cerrar, de sobreseer la causa y no pasarla a procedimiento, hubo una serie de recursos por parte del Ministerio Público y de la acusación particular, y siguió adelante”, recuerda sobre el procedimiento judicial.

Durante su alocución, García Magán expuso que “la víctima en ningún momento se ha dirigido a la autoridad diocesana, su derecho lo puso ante la autoridad civil”. “Reiteramos nuestra disposición para escuchar a la víctima. Se le ha ofrecido y ha declinado ese ofrecimiento. Está en su derecho para acoger su relato, su dolor, sus peticiones, en su caso”, añadió.

Desde el entorno del denunciante, ya han expuesto por diferentes vías, que los hechos se comunicaron en 2009 al que fuera entonces arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza. Y para corroborarlo, se remiten a la propia sentencia, donde se recoge el testimonio del sacerdote condenado aludiendo a esta cuestión. En esta misma línea, fuentes cercanas a la víctima señalan que desde entonces, solo hubo un intento de diálogo con la víctima en noviembre de 2022, cuando su caso se conoció públicamente en el diario El País.

Competencia canónica

Con la sentencia civil firmada por la Audiencia de León, el también portavoz de la Conferencia Episcopal  también aseveró hoy que canónicamente el caso está en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, “que es lo que marca la normativa”. “Aquí hicimos las diligencias previas que prevé el ordenamiento canónico y no se ha cerrado en Doctrina de la Fe ese pronunciamiento porque estaba a la espera del juicio civil”, detalló García Magán. “Estamos a la espera, es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe quien tiene que marcar los pasos a seguir, no está en la competencia del obispo diocesano”, enfatizó.

En cualquier caso, el obispo auxiliar subrayó que “el sacerdote está apartado del ministerio público y, por supuesto manifestamos nuestra solidaridad con la víctima, con su entorno, estamos a la espera de que la resolución de la justicia sea firme, después de los procesos de apelación al que el sacerdote tiene derecho como cualquier ciudadano español”. “Cualquier persona tiene derecho a una sentencia firme, según los grados de apelación que marca el ordenamiento jurídico español”, dejó caer.

Sobre Tierra Santa

Preguntado después por la crisis abierta en Gaza, García Magán se alineó con los postulados marcados por la Santa Sede. Así manifestó su “condena al atentado terrorista” de Hamás que desencadenó el actual conflicto, una condena que “no puede admitir ninguna reserva”. A la vez, reconoció “la justa y legítima respuesta del Estado de Israel” y confió en que “entre dentro de las normas del derecho internacional”. “Rezamos por la paz en Tierra Santa”, añadió con la vista puesta en la oración convocada por el Papa Francisco para el próximo 27 de octubre.