El plazo de diez días dado por la Conferencia Episcopal Española al bufete Cremades & Calvo-Sotelo para entregar la auditoría sobre los abusos sexuales en la Iglesia en España ha expirado. Si hace dos días trascendía que el despacho de abogados se negaba a cumplir el ultimátum episcopal remitiéndose a un futurible resumen ejecutivo en la Asamblea Plenaria de noviembre y a su versión final antes de que termine el año, ahora el Episcopado mueve ficha.
El primer plazo fue de un año
Y lejos de cumplir su amenaza de romper el contrato en el que se establecía como plazo de entrega un año después del encargo -esto es, en febrero de 2023-, parecen poner freno a esta escalada de tensión que se ha vivido desde la vuelta del verano entre Cremades y la Casa de la Iglesia.
Así al menos se lo han trasladado a la agencia Europa Press, que expone cómo los obispos españoles estudiarán “en las próximas semanas” ampliar una vez más el plazo solicitado por el bufete. Lo cierto es que, como han venido reconociendo desde el propio despacho, una vez comenzado el trabajo de campo se vieron desbordados por el volumen que adquiría la investigación.
