“Estamos satisfechos porque la víctima haya conseguido una anhelada justicia a través de la sentencia. Sin embargo, mostramos nuestra desconfianza ante la actitud y hechos mostrados por la archidiócesis de Toledo”. Con estas palabras se expresan los sacerdotes que actualmente acompañan en su proceso de sanación a la víctima del sacerdote perteneciente a la diócesis primada que ayer fue condenado por la Audiencia Provincial de León a siete años y un día de cárcel, así como a una indemnización de 40.000 euros por un delito de abuso sexual continuado en el marco del Seminario Menor, entre los años 2005 y 2007.
Los presbíteros cercanos al denunciante han compartido con Vida Nueva su malestar ante el comunicado emitido desde el Arzobispado, así como las “contradicciones” manifestadas tanto en ese texto como en sus acciones respecto a la víctima y durante la vista oral.
Así, lamentan que arranque el texto “al respeto de la resolución judicial”: “Hubiera sido deseable que el primer párrafo lo hubieran dedicado a solidarizarse con la víctima y su familia”. En esta misma línea, desmienten que, tal y como reza en el documento episcopal, “en ningún momento el denunciante se dirigió a la autoridad diocesana para poner una denuncia formal”. Ante esto, quienes acompañan a la víctima, remitiéndose a lo que recoge la sentencia sobre el testimonio del propio condenado, se preguntan si “les parece poco que la madre del menor hablara hasta con nueve sacerdotes, incluido el obispo D. Braulio Rodríguez Plaza –arzobispo de Toledo entre 2009 y 2019–, denunciando lo que le había pasado a su hijo”.
“¿Desde cuándo se necesita una denuncia formal para dar inicio a una investigación previa? ¿Cómo la víctima va a tener un mínimo de confianza para acercarse a las instancias formales, cuando las respuestas que encontró su madre fueron solo silencio, desprecio y revictimización?”, se preguntan estos sacerdotes. Como conocedores del caso, argumentan cómo “a su madre, el obispo Braulio la ignoró, otro sacerdote le dijo que ‘lo ofreciera en silencio a Dios y rezara más por los sacerdotes’”, y un tercero comentó que “el problema era que su hijo tenía afectos desordenados’”. De la misma manera, los amigos del denunciante recuerdan que “solo uno intentó ayudar a la familia, pero cuando la víctima decidió denunciar, les dio totalmente la espalda, dejándola en una situación de enorme desamparo”.
Los sacerdotes que asistieron a la vista oral para alentar a la víctima y su familia van más allá: “¿cómo quieren que la víctima se acerque a la diócesis, cuando durante todo este tiempo se han dedicado a desprestigiarla, atribuyendo a aquel niño abusado ‘una perturbación mental’, tal y como manifestaron en el tribunal?”. “Durante el juicio, varios sacerdotes, algunos ex compañeros de la víctima en el tiempo del seminario, y hasta el ex rector del seminario menor, alabaron las bondades del cura denunciado (ahora ya declarado culpable), mientras manifestaban que, los abusos denunciados eran en realidad invenciones de un chico ‘problemático, obsesivo, egocéntrico y terriblemente manipulador’”, relatan sobre lo vivido en la Audiencia Provincial de León.
Y continúan con la reflexión remitida a Vida Nueva: “Después de esto, ¿todavía creen que la víctima se va a acercar a la diócesis?”. “Hasta no hace poco un vicario de Toledo enviaba una carta a todo el clero en la que restaba toda credibilidad a la víctima en unos términos que preferimos no reproducir por respeto”, dejan caer sobre una misiva que llegó a manos del propio denunciante.
Por todo ello, los presbíteros que en estos días han tenido que reforzar su apoyo a la víctima consideran que resulta “contradictorio” que el comunicado del Arzobispado reitere “su disposición a escuchar a la víctima, acoger su dolor y peticiones”. La experiencia junto al denunciante los lleva a sostener que “han estado tantos años revictimizándola y siguen sin tener ninguna autocrítica por cómo han gestionado el caso. ¿Acaso esa carta que se envió al clero fue corregida por la autoridad competente, o el autor de la misma recibió alguna amonestación o llamada de atención?”. De la misma manera, ponen en duda “la intencionalidad de este acercamiento que expone la diócesis, puesto que, si bien, hubo un intento de contactar a la víctima en noviembre de 2022, esto sucedió trece años después de que el caso se comunicara en los despachos diocesanos”.
Con la sentencia en la mano y los recuerdos de lo vivido en León durante las sesiones del juicio, estos sacerdotes aprecian que “fue muy doloroso ver cómo la defensa del cura condenado, recurrió a leer unas cartas y relatos arrancados del cuaderno de oración de la víctima, que, por cierto, el sacerdote había guardado por más de 17 años”.
Uno de estos curas presentes en la vista oral comenta, “con una mezcla de amargura e ironía”, que “con el uso de aquellas cartas, por momentos, parecía que la víctima estaba siendo juzgada ante un Tribunal de la Inquisición, tratando de demostrar que lo que allí escribió aquel niño, eran delirios y fantasías”. “La utilización de aquellas cartas nacidas desde la forma (muy cuestionable) de orar que le enseñaban en el seminario, es un daño terrible e inconmensurable a la fe y a la espiritualidad de la víctima, pues no solo se la desnudó físicamente cuando era un menor, sino que ahora se desnudaba su intimidad espiritual, exponiendo públicamente a escarnio la relación con Dios de aquel niño”, rebate ahora el sacerdote especializado en la lucha antiabusos de la Iglesia que conoce el caso al detalle.
“Ante algo tan grave –continúa en su compartir con Vida Nueva–, ¿no tiene nada que decir la diócesis? ¿Acaso todo vale para defenderse?”. “Por cierto, aquellos escritos eran ‘la excusa’ para que casi cada noche el cura lo recibiera en su despacho, y sentado sobre sus rodillas (¡), le compartiera su oración. No podemos olvidar que junto con el abuso sexual se dio un abuso de conciencia terrible. A aquel niño, no solo le profanaron su inocencia y le produjeron graves daños en su esfera psico-afectivo-sexual, sino que además le robaron su vocación, su fe y sus ganas de servir a Dios, que eran muy reales”, denuncia el presbítero que respalda al denunciante.
Por otro lado, estos sacerdotes tachan de “muy dolorosa” la intervención del perito contratado por la defensa: “Este psiquiatra, que no había visto ni examinado jamás al denunciante, presentó un informe donde trataba, nuevamente, de mostrar, a través de esas cartas del cuaderno de oración, que la víctima ‘padecía delirios, esquizofrenia y perturbaciones mentales’”. Frente a este dictamen realizado por parte del ahora condenado, según el relato de los sacerdotes vinculados a la víctima, “todos los peritos, psicólogos y psiquiatras –al menos nueve– que sí han tratado a la víctima y, en algunos casos, por periodos muy largos de tiempo, hasta hoy día, desmienten esta versión en sus informes, como ha quedado clarísimamente probado en la sentencia, y aclaran que la víctima no tenía ni tiene ninguna perturbación mental y que siempre ha mostrado un adecuado sentido de la realidad y de juicio, dando así absoluta credibilidad a su testimonio”.
En este misma línea, también califican de “ataque” del psiquiatra contratado por la defensa el hecho de que afirmara en la vista oral que “si de verdad el denunciante hubiera sido víctima, no se entiende cómo no cortó la relación y puso tierra por medio con el sacerdote”. Otro de los sacerdotes que acompaña a la víctima, presente en el juicio, comenta que “si realmente este psiquiatra, como él afirmó con vehemencia, es experto en violencia de género y este tipo de delitos, debería saber de sobra la situación de cautividad, de dependencia emocional e impotencia que experimentan las víctimas para escapar del vínculo con su maltratador”. “¡Ya le hubiera gustado a la víctima, y a tantas víctimas, haber puesto tierra por medio y haberse ahorrado tanto sufrimiento!”, deja caer justo después.
En este sentido, recuerdan que la sentencia relata textualmente cómo “siendo el acusado su director espiritual, su tutor, su figura de referencia moral y aprovechándose este, de manera clara a inapelable de esa superioridad más si se quiere cuando la víctima no solo era un menor, sino persona vulnerable por la situación de acoso o rechazo por parte de otros muchos de sus compañeros”.
Con todo esto, califican la actitud del ahora condenado de “victimismo irritante”, que, sin embargo habría quedado “al descubierto en las evidentes y ahora ya probadas contradicciones de su relato”. También comentan que “fue muy significativo que cuando tuvo la oportunidad de decir una última palabra en el juicio”. “Ni siquiera declaró su inocencia ni pidió la absolución”, recuerdan. Y, a renglón seguido, apostillan: “Si uno tiene la certeza de ser inocente, se juega la vida para demostrarlo. No fue el caso, porque en el fondo de su corazón sabe bien que cometió esos crímenes. Solo se le ocurrió decir que ‘esperaba que se hiciera justicia y que estaba sufriendo mucho con todo este proceso’”. “Curiosamente es lo mismo que esperaba la víctima: la diferencia es que ella lleva sufriendo toda una vida y por fin sí se le hizo justicia”, aseveran desde el contacto cotidiano con el denunciante.
El entorno pastoral de la víctima de este caso que ha tenido lugar en Toledo, manifiesta la esperanza de que, “con esta sentencia tan demoledora, ahora sí, desde el Vaticano y Doctrina de la Fe, la Iglesia pueda por fin reconocer su dolor y hacer justicia”. “La Iglesia de Toledo está acusada ante el Vaticano por las negligencias y omisiones habidas en todos estos años”, desvela este grupo de sacerdotes. En esta línea se pregunta “cómo puede el denunciante reunirse con la parte denunciada” y apuntan que “la víctima sufrió acoso y la presión por vía e-mail, contactándose la diócesis con él cuando se estaba a la espera del juicio, e incluso, por medio de llamadas telefónicas días antes de que este se celebrara”. “Todo esto, se demostrará y se dará a conocer en su momento oportuno”, advierten los asesores del que fuera seminarista menor de la diócesis primada de España.
Por último, estos sacerdotes concluyen “al unísono” que “hasta ahora, la forma como Toledo ha afrontado el caso es un ejemplo perfecto de todo lo que no debemos hacer con los denunciantes y las víctimas”.