Siete años de cárcel a un cura de Toledo y 40.000 euros de indemnización por abusar de un seminarista menor

La Audiencia Provincial de León ha condenado a siete años de prisión y 40.000 euros de indemnización a un sacerdote de la diócesis de Toledo por un delito de abuso sexual continuado sobre un menor en el Seminario Menor. Tal y como ha adelantado en exclusiva el diario El País, los hechos se habrían producido entre los años 2005 y 2007. Para el tribunal, la declaración de la víctima “es totalmente creíble y no hay rastros de invención y simulación”.

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La sentencia recoge, entre los hechos probados, que cuando el joven tenía 12 años, el que fuera su director espiritual y confesor mantuvo una conducta de “seducción mantenida, aprovechándose de la edad y vulnerabilidad del menor y aumentando la intensidad de los abusos”.

“No era pecado”

El auto judicial ofrece todo tipo de detalles de las vejaciones a la que el sacerdote sometió al adolescente, que no solo tenían lugar durante la noche cuando sus compañeros dormían en el centro de formación, sino que también se dieron incluso en la playa, en el marco del Encuentro Mundial de las Familias que se celebró en Valencia y que presidió Benedicto XVI.

Las agresiones sexuales también se repitieron una residencia de la localidad leonesa de La Bañeza, uno de los motivos por los que la denuncia se interpuso allí y, por tanto, allí tuvo lugar el juicio. De este retiro, la víctima recuerda, según recoge la sentencia, que el acusado le dijo que lo que le hacía “no era pecado y que no se lo contara a nadie”. El periódico también detalla que la víctima ha presentado una denuncia ante la Santa Sede para que investigue posibles negligencias y encubrimiento en el proceso por parte de la Archidiócesis de Toledo.

Denuncia a la Santa Sede

Y es que, según relata El País, desde que la familia del joven denunció el caso hasta que el presbítero fue retirado del Seminario pasaron cinco años. Pero, lejos de apartarle de sus labores pastorales, habría sido enviado después como rector de la iglesia de San Ildefonso y del santuario de los Sagrados Corazones de Toledo.

El periódico también detalla que la víctima ha presentado una denuncia ante la Santa Sede para que investigue posibles negligencias y encubrimiento en el proceso por parte de la Archidiócesis de Toledo.

El parecer diocesano

Por su parte, el Arzobispado de Toledo asegura que la sentencia “aún no es firme” y prevé “ulteriores actuaciones judiciales, pues ambas partes manifestaron su voluntad de recurrir el fallo judicial en caso de que fuera desfavorable para su causa”. A través de un comunicado, desde la diócesis primada de España argumenta que “desde la recepción de las noticias indirectas sobre esta acusación, se efectuaron los trámites prescritos por la ley vigente para indagar su verosimilitud”. “La misma justicia sobreseyó en cuatro ocasiones la causa”, precisa el texto.

Más allá de la sentencia, desde Arzobispado apuntan que “en ningún momento el denunciante se ha dirigido a la autoridad eclesiástica diocesana para presentar acusación formal en sede canónica contra el sacerdote en cuestión”. Sin embargo, en la sentencia judicial se explicita que el propio condenado, durante la vista oral desveló que “a través del Rector -en 2009- le dijeron que se había puesto la denuncia”. “No sabe que es lo que dijo D. Braulio”, recoge el auto judicial en referencia a que el entonces el arzobispo, Braulio Rodríguez Plaza, conocía el caso, pero el propio condenado admite no saber su opinión al respecto. 

Apartar al sacerdote del ministerio

Por otro lado, desde Toledo, admiten que el procedimiento canónico en estos momentos “está bajo supervisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aún no ha llegado a concluirse, por respeto a los tiempos de los tribunales”.

En cualquier caso, aclaran que el sacerdote condenado “está en situación de apartamiento del ministerio público desde que el tribunal estimó conveniente abrir juicio oral contra su persona”. “Manifestamos nuestra solidaridad con la víctima y su entorno y quedamos a la espera de la resolución firme de la justicia para actuar en consecuencia”, remata el documento de Toledo.