Se cumplen cuatro años desde que Francisco lanzara el Pacto Educativo Global (PEG) y ya comienza a notarse algo más que su aterrizaje en las aulas. Así lo atestigua el trinitario Pedro Huerta, quien está al frente de Escuelas Católicas, principal plataforma educativa eclesial, que aglutina a cerca de 2.000 colegios, donde se educan 1,2 millones de alumnos gracias a la entrega de más de cien mil trabajadores, de los que 85.500 son docentes. Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 57% de la enseñanza concertada.
PREGUNTA.- ¿El PEG se ha quedado en agua de borrajas?
RESPUESTA.- El objetivo principal cuando comenzamos a trabajarlo era justamente impedir que se convirtiera en algo pasajero con actividades superpuestas o en una expresión de moda vacía de contenido. Para ello, hemos incorporado el PEG a todo lo que hacemos en Escuelas Católicas, no solo en lo pedagógico y pastoral. El Papa no lanza un listado de acciones a cumplir, sino una propuesta de actitud: es el modo en que la Iglesia en salida de ‘Evangelii gaudium’ se traslada a la educación de manera transversal en todos los proyectos. Hoy por hoy, más de 500 colegios nos han devuelto el feedback de que se han sumado de verdad, renovando su programación estratégica.
P.- Pero, ¿cómo se traduce en lo concreto?
R.- Ese desarrollo específico didáctico lo estamos traduciendo a través de alianzas. Puedo hablar de tres. De la mano de ‘Enlázate por la Justicia’, la plataforma que aglutina a entidades sociales de Iglesia, vamos a poner en marcha ‘Transformar desde la Educación’. Con la Conferencia de Religiosos (CONFER) y la Conferencia Episcopal Española lanzamos ‘Tejiendo compromiso social’, con la mirada puesta en la trata de personas. Y a través de ‘Guardianes del Pacto’, vamos a sensibilizar a los niños de Educación Infantil y Primaria gracias a unos superhéroes.
Vínculos de encuentro
P.- ¿Cómo se materializa este Pacto en un país donde sus políticos nunca han firmado uno?
R.- Uno de los ejes del Pacto Educativo Global es crear la cultura del diálogo que nos pide el Papa y no podemos renunciar a ello como hemos intentado en la fase previa a la aprobación de la nueva ley de educación, la Lomloe. En cualquier caso, no pensemos solo en la gran política, los colegios estamos llamados a establecer relaciones con esa política cotidiana de los pueblos y los barrios, creando vínculos de encuentro con todos los actores sociales, con la escuela pública…
P.- España acumula leyes que emergen sin contar con la comunidad educativa. ¿Están los profesores desgastados?
R.- Los maestros que se manchan de tiza las manos cada día pueden verbalizar esas sensaciones de puertas para afuera, pero en su aula siguen dejándose la piel. No se dejan llevar por la desolación. Es más, incorporan los cambios que requiere cada ley, pero saben que su verdadera contribución pasa por estar cada día al lado de sus alumnos. Lamentablemente la clase política parece buscar que la mejora educativa pase por arrodillarse ante una determinada ley más que por alentar a los docentes.
Una ley que asfixia
P.- Segundo año de la Lomloe. ¿Con menos sobresaltos?
R.- En este curso se aplica en los cursos pares. Se hace con garantía por la entrega de los equipos educativos, no por el compromiso de las administraciones. Los colegios están salvando que la introducción precipitada de la ley no haya generado un colapso del sistema ni baje el rendimiento o la calidad de la enseñanza. En algunas autonomías está siendo caótico, por ejemplo, el aterrizaje de los libros de texto. Además, seguimos esperando el desarrollo de algunos aspectos normativos, como los decretos de desarrollo que ni siquiera están aprobados. Están en el limbo y se necesitan.
P.- La escuela concertada se echó a la calle hace tres años para avisar de que la Lomloe acabaría con ella. ¿Sigue viva?
R.- Estamos peor que hace tres años y vamos a estar peor aún. No es una amenaza, es una constatación. La escuela católica está cada vez más asfixiada y, en gran parte, por culpa de algunos aspectos de la ley. Ahí está el artículo 109 que llama solo a promover la educación pública. La prueba más tangible está en Cataluña, donde más centros educativos católicos concertados han pasado a la red pública. Además, cada vez hay más instituciones católicas que se están planteando dejar los colegios, traspasarlos… El único aspecto de la ley que podía salvar esta asfixia es la creación de la comisión para la revisión del puesto escolar, esto es, el módulo de concierto y la financiación. La ley preveía que antes de enero estuviera activa y con las propuestas sobre la mesa y por ahora ni existe ni se la espera. Hay una voluntad política de acabar con el sistema de enseñanza concertada.
