El acuerdo de PSOE y Sumar olvida a la Iglesia: ni rastro del IBI, la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado o los abusos

El PSOE y Sumar ya tienen su acuerdo de Gobierno: ‘España avanza: una nueva coalición de gobierno progresista’. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han presentado este mediodía su plan de legislatura –condensado en 48 páginas– que llevan cocinando tres meses y que esperan materializar siempre y cuando el actual presidente del Gobierno consiga el apoyo de Carles Puigdemont para continuar otros cuatro años en la Moncloa.

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Entre las principales medidas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2025, un bono joven de alquiler o la prórroga de un año de las ayudas al transporte. Sin embargo, ambas formaciones, abiertamente laicistas, han obviado a la Iglesia. Lejos quedan esos programas electorales de PSOE y Podemos que apostaban por denunciar los Acuerdos Iglesia-Estado, revisar las inmatriculaciones, sacar la asignatura de Religión del sistema educativo u obligar a la Iglesia a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Las cuentas pendientes de ambas formaciones de izquierdas con la Iglesia parecen centrarse en “promover una educación basada en la tolerancia y el laicismo”. Pues recogen en el texto que, “con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de Religión seguirán sin computar en la obtención de la nota media a efectos de acceso a otros estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos”.

Mientras que la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar abogaba en su programa para las elecciones de julio por desterrar la asignatura de Religión de las aulas españolas, porque “ninguna religión ni simbología religiosa deben formar parte del currículo ni del horario lectivo obligatorios”; ahora no ve esto una prioridad. Quizá este punto ha sido limado por el PSOE que ya orilló la cuestión en su programa para las últimas generales, al considerarlo resuelto con la puesta en marcha de la Ley Celaá.

Eso sí, en materia educativa, lo que no perdonan ambas formaciones es la educación diferenciada. “Combatiremos la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”, señalan de igual forma que ambos recogieron en sus programas electorales.

Abusos y Valle de los Caídos

En otro orden, ambas formaciones pactan “desarrollar la Ley de Memoria Democrática para impulsar las exhumaciones, culminando la resignificación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria”, pero sin referencia alguna al futuro de la comunidad benedictina ni al uso de la basílica.

Tanto rebaja la presión con la Iglesia la coalición de Gobierno que, a la espera del ‘informe Gabilondo’, ni siquiera citan los abusos sexuales a menores en el ámbito eclesial. Sin embargo, sí hablan sobre esta cuestión en el deporte. “Se desarrollarán programas de formación en prevención de acoso y abusos sexuales en clubes y federaciones deportivas”, detallan en referencia, aunque sin citarlo, al ‘caso Rubiales’.