El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria’, en el que reclama un fondo de compensación económica a las víctimas, celebrar un acto público de reconocimiento –en el que espera que le acompañe el Gobierno y la Iglesia–, al tiempo que busca dar respuesta a “una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”.
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Para Gabilondo, es una realidad que “pudieron hacer más para evitarlo”, aunque reconoce que “es cierto que no todos lo sabían, pero sí es cierto que muchos lo sabían”. Por eso, considera que “la compensación económica no tiene que estar sujeta a la discrecionalidad”, de ahí la idea de crear un fondo estatal para el pago de compensaciones en favor de las víctimas, que se trataría de un órgano especial de carácter temporal en el que se trabajaría mano a mano con la Iglesia como responsable subsidiario.
Además, entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran; que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos; y que se modifique el Derecho Canónico que muestra “déficits” en el tratamiento a las víctimas.
Las diferentes cifras
Gabilondo ha evitado hoy en todo momento en rueda de prensa las cifras. Sin embargo, sí ha reconocido que la unidad de atención a las víctimas que se encarga de escucharlas y recoger información –escuchando a muchas incluso durante días– ha recogido 487 testimonios de casos ocurridos en su gran mayoría de 1970 hasta la actualidad.
Por su parte, El País –medio de comunicación al que el informe agradece su trabajo– habla de 2.206 víctimas de 1.036 sacerdotes, mientras que la Conferencia Episcopal Española reconoció el 1 de junio 927 víctimas de 728 sacerdotes abusadores en el Informe ‘Para dar luz’.
“En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subraya el Defensor del Pueblo.
Así, ha dado especial relevancia a una encuesta elaborada por GAD3 a 8.000 personas, incluida en el estudio, en el que se recoge que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. El 1,13% de adultos españoles afirman haber sido víctimas de abusos en entornos eclesiales. De estos, el 0,6% afirma haberlo sido por parte de sacerdotes o religiosos.
Por tanto, aunque el Defensor del Pueblo no es partidario de hacer extrapolaciones, la realidad es que con estos datos en la mano, 440.000 personas habrían sido víctimas, en tanto en cuanto hay 39,8 millones de adultos en España.
El mismo estudio demoscópico señala que el 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.
777 páginas de informe
El Informe, de 777 páginas y en el que se recogen hasta tres entrevistas de Vida Nueva a destacados expertos en pederastia eclesial, apunta que la respuesta oficial de la Iglesia católica ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema. “Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos”, se detalla.
Gabilondo ha señalado que la pluralidad de la Iglesia se ha visibilizado a la hora de contactar con las distintas diócesis, pues se han podido detectar buenas y malas prácticas. En este sentido, se reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.
En este caso, el propio Gabilondo ha puesto en valor la petición de perdón del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y a la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), en el nombre de su presidente, el dominico Jesús Díaz Sariego: “Es un hombre de mucha voluntad de colaboración que ha hecho todo lo que puede y sabe para que se dé una respuesta”. No obstante, ha señalado que “el trabajo de la Iglesia ha estado más orientado a la prevención que al esclarecimiento”.
Durante su comparecencia de más de una hora y media, Gabilondo ha resaltado que “el Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”. Por ello, entrega el informe a la Cámara Baja y lo hará también el próximo 2 de noviembre al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Presidencia, Félix Bolaños, encargados de tomar las medidas necesarias.
Un año y medio de trabajos
El Defensor del Pueblo también ha hecho hincapié en que ha mantenido, además de reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española, con el presidente de la CONFER y con superiores mayores, con el decano del Tribunal de la Rota, con representantes de institutos de vida consagrada, con Escuelas Católicas, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas. Así, la propia Comisión, formada por 17 expertos, se ha reunido en trece ocasiones.
Gabilondo ha destacado también que “las conclusiones y las subsiguientes recomendaciones de este Informe no pretenden ser una última palabra. Y menos aún una solución definitiva o un punto final, ante un daño tan grande que ha afectado y que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo. Más bien aspiran a contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y a los poderes públicos que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas”.
En su argumentación ha señalado que “cabía esperar ejemplaridad de la Iglesia, que en muchos casos han dado a las víctimas respuestas insuficientes y dilatorias”. Además, ha denunciado la práctica de cambiar de parroquia, colegio o, incluso país, a los victimarios.
Confianza en la Iglesia
El Defensor del Pueblo se ha mostrado esperanzado con la voluntad de la Iglesia de no querer silenciar más los casos, pero pide más. “La Instrucción de la CEE ha supuesto sin duda un importante avance normativo, pero insuficiente, porque las víctimas siguen sin formar parte del proceso canónico”, ha afirmado, para luego completar: “La pura aplicación del Derecho Canónico ha conducido al secreto, al silencio y a la indefensión”.
“En obispados y congregaciones se han dado cambios que dan muestra de querer abordar el problema, lo que puede abrir nuevas perspectivas y es lo que esperamos. Es necesario que la Iglesia haga compromisos públicos para la reparación de las víctimas. Hay indicios recientes de esta actitud que queremos creer”, ha aseverado.
Del mismo modo, ha puesto en valor el ‘motu proprio’ ‘Vos estis lux mundi’ del papa Francisco que borra “cualquier espacio para mirar hacia otro lado”, pese a que ha reconocido que algún obispo ha querido hacer del problema algo “marginal”.
Y ha agregado: “Mentiría si diría que ha habido colaboración absoluta, pero tampoco puedo decir que no la haya habido. La Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería no colaborar. Nada dañaría más a la Iglesia que no hablar, pues esto es en lo que insiste la Santa Sede con el impulso imparable del papa Francisco”. Por todo ello, ha subrayado que confía en que “la Iglesia esté a la altura”. “La Conferencia Episcopal es consciente de lo que tiene que hacer y lo va a hacer”, ha concluido.
A la espera del ‘Informe Cremades’
Gabilondo ha cumplido así con el encargo realizado hace año y medio por la Cámara contando con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox. Mientras tanto, se sigue cocinando el informe de Cremades&Calvo Sotelo, el bufete de abogados al que la Conferencia Episcopal Española encargó una auditoria sobre esta lacra.
Ante la presentación del informe, y solo diez minutos antes de la comparecencia de Gabilondo, la Conferencia Episcopal Española ha convocado una Asamblea Plenaria Extraordinaria. Los obispos españoles se reunirán este lunes 30 de octubre para valorar el estudio del Defensor del Pueblo. Aunque han invitado a Gabilondo, este se ha excusado por asuntos familiares, pero se ha mostrado disponible para presentarles el informe en otra fecha.
Al mismo tiempo, según informan en un comunicado, también estudiarán “la solicitud del despacho Cremades&Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal”.
