La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que aglutina a unos 33.000 consagrados de 410 congregaciones, avala el estudio realizado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Así se desprende de un comunicado hecho público hoy en el que incluso hacen una “valoración positiva” del trabajo realizado en este año y medio por la institución, que califican de “plural y multidisciplinar”. “Valoramos la discreción y el sumo respeto que han mantenido constantemente con los Institutos Religiosos”, sostienen.
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“Agradecemos los servicios que el Defensor del Pueblo ha llevado a cabo a la hora de habilitar espacios de ayuda psicológica y de escucha para que las víctimas pudieran acudir libremente”, detallan. Y no se quedan ahí: “Valoramos positivamente la escucha del Defensor del Pueblo a todos los sectores implicados, especialmente a las víctimas, a las asociaciones de víctimas y a todas las instituciones afectadas”.
“Tomaremos en consideración y estudiaremos las propuestas que se ofrecen en el ‘Informe sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’”, exponen los consagrados de nuestro país. A la par, se comprometen a “subsanar el daño producido y seguir implementando las políticas de prevención que ya poseen”.
“Lamentamos si en algún momento no hemos actuado correctamente”
“Pedimos perdón a todas las víctimas que han sufrido abusos sexuales dentro de la Iglesia”, destacan en su comunicado en el que subrayan que “nos sentimos profundamente identificados con su dolor y lamentamos si en algún momento no hemos actuado correctamente”. “Constatamos que debemos hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar de las víctimas y aprender de ellas, de lo que nos han ido relatando en este tiempo”, rematan dentro de este ‘mea culpa’ colectivo. “Partimos de la comprensión de su sufrimiento y de lo que sistemáticamente han pedido, que es el reconocimiento y la credibilidad de sus relatos”, completan.
Dentro de la hoja de ruta que plantean desde CONFER, se pone de manifiesto los “esfuerzos para ponerse en contacto con las víctimas, escuchar su relato, ofrecerles aquello que necesitan para sanar en la medida de lo posible el mal causado y ofrecer en todas sus instituciones elementos que garanticen entornos seguros para menores y personas vulnerables”.
