La Conferencia Episcopal Española ha celebrado esta tarde su inédita Asamblea Plenaria Extraordinaria sobre abusos para “valorar” el reciente ‘Informe Gabilondo’ y para “estudiar” la solicitud para ampliar el plazo de entrega del ‘Informe Cremades’. Aprobado episcopal al informe que presentó el pasado viernes el Defensor del Pueblo sobre la lacra de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y prórroga para la auditoría independiente encargada al despacho de abogados.
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Son las principales conclusiones que se deduce de la maratoniana Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada esta tarde en Madrid y que ha finalizado pasadas las nueve de la noche. En la reunión han participado 88 obispos, 31 obispos de manera presencial y 57 por videoconferencia. También se unieron el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, el secretario general Jesús Miguel Zamora y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas.
Medidas convergentes
A través de una nota de prensa, los pastores califican de “valiosas las recomendaciones propuestas” en el estudio coordinado por el veterano político socialista Ángel Gabilondo. Es más, han constatado que, “en buena medida, son convergentes con otras propuestas trabajadas en la Conferencia Episcopal desde ya hace algún tiempo”. A partir de lo leído en el texto de Gabilondo, será el Servicio de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal quien inicie un itinerario de la aplicación de las recomendaciones “en relación a los cauces de reparación, prevención y formación”.
De la misma manera, valoran “de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar a las víctimas en el centro”. En el comunicado también desvelan que el propio Gabilondo fue invitado a participar en la sesión, una propuesta que declinó “por motivos personales”.
Dardos al sondeo
Los dardos eclesiales únicamente se dirigen a la proyección de los datos de la encuesta encargada a GAD3. “Sorprende la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe”, exponen en la línea que ya lo había hecho el presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella, a través de sus redes sociales.
“No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino”, lamentan en el comunicado. Lo cierto es que en el sondeo demoscópico se afirma que el 1,13% de adultos españoles afirma haber sido víctima de abusos en entornos eclesiales. El 0,6% sostiene haberlo sido por parte de sacerdotes o religiosos. Si estos datos se proyectan a mano alzada, simplemente partiendo de que España cuenta con 39,8 millones de adultos, se podría llegar a deducir que habría hasta 440.000 víctimas de la Iglesia en nuestro país. Sin embargo, esto significaría que cada sacerdote o religioso habría tenido que abusar de hasta diez víctimas, dando por hecho que todo cura o consagrado fuera un agresor sexual.
Mensaje a Moncloa
En relación al estudio del Defensor del Pueblo, los obispos hacen un llamamiento para que el Estado ponga en marcha “las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones” más allá de la Iglesia, “para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad”. Desde ahí, lanzan un dardo a Moncloa: “Poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda”.
Sobre la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para posponer la entrega de la auditoría independiente encargada en febrero de 2022, los obispos han pospuesto una vez más su decisión de romper o no con el bufete. Y lo han hecho delante de su presidente, Javier Cremades, que acudió a defender su trabajo ante la Plenaria. Será en la Asamblea de noviembre cuando se tome la decisión sobre el devenir de la encomienda realizada. Se trataría pues de la última oportunidad para rematar el encargo que ya lleva ocho meses de retraso y que está rodeado de no pocas suspicacias sobre su calidad y gastos que ha generado.
En cualquier caso, los obispos han vuelto a reiterar “su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteran su petición de perdón a las víctimas”. Y aunque explícitamente no han anunciado la posibilidad de crear un fondo para indemnizar a las víctimas, en línea con una de las propuestas principales lanzadas por el Defensor del Pueblo, sí dejan caer en la nota de prensa su “deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos”.
