Del ultimátum a una decisión final. Ese parece ser el objetivo de la Asamblea Plenaria de carácter extraordinario con un único tema en la agenda del día: la lucha antiabusos. En concreto, el objetivo es salir de la Casa de la Iglesia con una respuesta definitiva sobre la auditoría independiente para radiografiar la lacra de los abusos encargada al bufete Cremades & Calvo-Sotelo en febrero de 2022. Solo faltaría dilucidar si se opta por una “decisión drástica”, o si se apuesta por una solución “con mano izquierda” que permita salvar la crisis en lo que a credibilidad del Episcopado y del propio despacho de abogados se refiere.
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¿El motivo de esta guerra abierta? Los constantes aplazamientos en la entrega -ya va con ocho meses de retraso-, la actitud en estos últimos meses hacia el Episcopado, la cuestionada calidad del estudio verbalizada tanto por los propios prelados como por las congregaciones religiosas, y las contradicciones en las conclusiones ofrecidas por los propios miembros del equipo auditor.
Presencial y online
La reunión se celebrará esta tarde y a ella están llamados a participar todos los obispos, 78 en activo con voz y voto a los que se suman 39 eméritos, solo con voz. No se prevé una masiva participación presencial, puesto que, por ejemplo, los obispos andaluces ya tenían prevista desde hace tiempo su propia reunión regional para estos días por lo que se unirán de manera online.
Esto no significa que la cita haya sido convocada como reacción y de manera improvisada ante la presentación el pasado viernes del informe del Defensor del Pueblo. Más bien, los obispos han aprovechado la puesta en escena del estudio de la Comisión Gabilondo para abordar lo que para ellos, “no es un problema, sino el problema”: el caso Cremades.
Más allá de de la decepción
Lo que sí parece haber es “unanimidad” a la hora de reaccionar con contundencia desde el principal órgano superior donde se toman las decisiones cruciales de la Iglesia española. Prelados de diferente signo y lugares de España coinciden en señalar a ‘Vida Nueva’ que se sienten “algo más que decepcionados”, incluso “engañados”, tanto por la calidad la investigación realizada como por la propia actitud del presidente del bufete, Javier Cremades. Es decir, los obispos no cuestionan que se deje en buen o mal lugar a la Iglesia ni tan siquiera en las cifras finales de víctimas y abusadores que incluye. Se pone en duda su rigurosidad.
Desde Cremades tumban estas acusaciones y defienden su profesionalidad cada vez que se les ha preguntado desde esta revista, incluso han dejado caer a ‘Vida Nueva’ que “son muy imaginativos quienes se atreven a hacer esos juicios, porque el trabajo no se ha entregado todavía. Y si no se ha entregado, no cabe opinión alguna”. Este comentario ha provocado algo más que indignación, porque desde el propio despacho de abogados saben en la Casa de la Iglesia se ha analizado un borrador de la auditoría, descubriendo lagunas significativas, incluso errores ortográficos. De hecho, se analizó en la Comisión Permanente del pasado 28 de septiembre, donde el equipo de Cremades mostró las líneas generales de su trabajo y los obispos verbalizaron su enfado, produciéndose escenas de cierta tensión.
La visión de Dagnino
A este complicado andamiaje se une el disenso interno que se habría producido entre el presidente del bufete, Javier Cremades, miembro del Opus Dei, y del coordinador de los trabajos eclesiales, Alfredo Dagnino, que fue presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Tanto es así, que los obispos han podido tener acceso a conclusiones elaboradas por cada uno de ellos y que dejan al descubierto análisis incongruentes sobre la propia investigación. En este sentido, parecen valorar más la visión ofrecida por Dagnino, no por ser “más benévolo” con la Iglesia, sino porque el balance que realizaría tiene “una mayor base argumental”. Además, sea o no provocado por la auditoría, Dagnino ya no forma parte del despacho de abogados.
El malestar episcopal se acrecienta todavía más cuando los obispos hacen cuentas del gasto que les está suponiendo la auditoría. En febrero de 2022, Cremades subrayó en público que su trabajo no lo iban a facturar a los obispos y solo tendrían que abonar los gastos correspondientes de terceros. Pues bien, hoy por hoy, ese recibo sin minuta, pero con esos otros gastos, ascendería ya a 1,2 millones de euros. Y subiendo, porque, según relatan los propios obispos a ‘Vida Nueva’ no se habría incluido aún un viaje reciente de un grupo de expertos europeos que han colaborado con el bufete. “Con ese montante podríamos haber creado ya un fondo para las víctimas”, comenta un prelado sobre lo que considera un presupuesto “desmedido”.
Este es el contexto en el que esta tarde se celebra un ‘cónclave’ episcopal, nunca imaginado cuando se apostó por Javier Cremades para este delicado estudio. Se aceptó ir de su mano, sabiendo que ser miembro del Opus Dei, conllevaría, como así fue, críticas de las víctimas sobre la imparcialidad de una auditoría independiente. Estas dudas podrían compensarse con la profesionalidad demostrada por el despacho en encrucijadas anteriores para diversas entidades eclesiales. Hoy, lo que parecía presentarse incluso como un favor de un hombre vinculado a la Obra hacia el Episcopado, se ha ido al traste.
La extrapolación desmedida
Más allá de Cremades, en la Conferencia Episcopal se pondrá sobre la mesa el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo. Ya el pasado sábado, a través de redes sociales, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, expresó el que es un sentir generalizado entre los obispos. “Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar”. Este posteo concentraba sus críticas en las proyecciones que cifran en 440.000 las víctimas de abusos de la Iglesia hoy en España, que parten de una encuesta encargada por Ángel Gabilondo a GAD3.
No resulta baladí que el también obispo de Barcelona no pusiera en duda el resto del estudio. Consultados por ‘Vida Nueva’, varios obispos aprecian que el análisis y las propuestas que lanza el estudio son “razonables y nada descabelladas”, coincidentes con su propia experiencia sobre esta lacra y sabedores de la insuficiente respuesta eclesial en el pasado, pero conscientes de cómo hoy por hoy se están cambiando las tornas en materia de prevención. Así, obispos y consagrados estarían alineados, tal y como manifestaron el pasado viernes desde la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que dieron su visto bueno, sin entrar en las extrapolaciones del sondeo de GAD3.
Errores de Gabilondo
Eso no quita que el estudio cuente con errores. Así lo ha puesto de manifiesto a través de un exhaustivo análisis el obispo de Ibiza, Vicente Ribas. En el estudio de Gabilondo se afirma que las diócesis “no suministró prácticamente información”, mientras que Ribas ofrece documentos que prueban el intercambio de datos con el equipo del Defensor del Pueblo.
De hecho, al menos de puertas para adentro, los pastores ni siquiera parecen escandalizarse por la sugerencia de crear un fondo de indemnización para víctimas. Es más, hoy podría abordarse en la Asamblea Plenaria y convertirse en un cambio de signo en el caso de que la propuesta saliera adelante. De hecho, como pista, remiten a este semanario a las jornadas de formación organizadas por los obispos justo hace una semana en Madrid para quienes lideran la lucha antiabusos en la Iglesia. Ante más de 400 especialistas, tal y como adelantó ‘Vida Nueva’, por primera vez se abordó de forma abierta y conjunta de criterios económicos de la reparación a las víctimas de abusos. Un paso no menor, teniendo en cuenta que hasta ahora se había remitido siempre a la decisión que adoptara cada diócesis y congregación y, sobre todo, con indicaciones dirigidas a ajustarse a las indemnizaciones que marcaran las sentencias civiles.
