Los obispos exigen un fondo económico estatal para todas las víctimas de abusos, no solo para las de la Iglesia

Para el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, “si se constituye un fondo de compensación para reparar desde las autoridades públicas, colaboraremos si ese fondo también se presta esa atención necesaria a todas las víctimas de los abusos, no solo a las de la Iglesia”. “Reparación integral a todas las víctimas sin excepción” es la condición que esta mañana planteó el portavoz episcopal sobre una de las medidas estrella planteadas por el Defensor del Pueblo en su informe antiabusos presentado el pasado viernes.

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Es más, expuso que “no puede haber víctimas de primera y de segunda” porque se produciría una comparación “aleatoria y perniciosa”, en referencia a que aquellas que han sufrido agresiones sexuales en el ámbito familiar, deportivo o escolar ajenos a la Iglesia, se quedarían fuera de estas ayudas.

Un proceso

El portavoz de los obispos participó junto al presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella, en una rueda de prensa celebrada esta mañana con motivo de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada ayer por la tarde en Madrid y centrada únicamente en la lacra de la pederastia eclesial.

García Magán planteó que, en caso de que el Estado no amplíe su cobertura económica a todas las víctimas, “la Iglesia tendría su proceso de reparación integral para las propias víctimas”. Es más, el también obispo auxiliar de Toledo explicó que esta dinámica, que incluye indemnizaciones económicas, ya estaría en marcha tanto en diócesis como en congregaciones. “Ya se está trabajando en esa reparación integral, que incluye incluso reparación espiritual para las víctimas que lo están solicitando y que también tiene que ser una reparación comunitaria del Pueblo de Dios por esta herida cometida por algunos de sus miembros”, completó.

Dispuestos a ayudar

Por su parte, el cardenal Omella aclaró que hoy por hoy no se ha establecido un criterio común entre diócesis y congregaciones a la hora de resarcir a las víctimas. “Los religiosos ya van dando pasos según sus baremos y todos estamos dispuestos a ayudar, pero hasta ahora no hemos tenido más tiempo para concretar”, explicó, añadiendo que estas compensaciones a las víctimas se harán “dentro de la legalidad y desde la cercanía a las personas”.

Con este punto de partida, tanto García Magan como Omella reconocieron el trabajo realizado por la comisión liderada por Ángel Gabilondo y confirmaron que la Iglesia trabaja ya en un “itinerario de aplicación” de las recomendaciones que incluyen. “Las víctimas son el corazón de este informe”, elogió el secretario general, que subrayó cómo “las recomendaciones del Defensor del Pueblo convergen con las líneas de trabajo que se vienen haciendo en prevención y en acompañamiento”.

El dolor causado

“Sentimos el dolor causado y reitero la petición del dolos en nombre de todos los obispos·”, reiteró el cardenal Omella, que fue más allá al asegurar que “es horrible todo lo que han sufrido las víctimas”. “Cuando escuchas a las víctimas, se te pone la carne de gallina”, añadió.

Sobre el camino recorrido por la Iglesia en estos años, apuntó que “hemos aprendido a escuchar, hemos aprendido a que no era correcto quitar a la persona de un lugar para llevarla a otro”, si bien admitió que “en la historia siempre aprendemos tarde”. Con este punto de partida, defendió las medidas de prevención puesta en marcha:” Se nota que hay un antes y un después en reparar y restaurar”.

Desmentir la intencionalidad

Al hilo de esta cuestión, comentó que “el mejor mensaje que damos es nuestro compromiso diario en la sociedad por construir una sociedad justa y estar al lado de los pobres. La Iglesia está dando el callo allí donde está, por ejemplo, con los migrantes”.

Tanto el purpurado como el obispo coincidieron en tirar por tierra una vez más la extrapolación de la encuesta que incluye el informe Gabilondo y que llevaría a afirmar que en nuestro país hay hasta 440.000 víctimas de la Iglesia. De hecho, anunciaron que ya han solicitado al Defensor del Pueblo la información completa del muestreo para aclarar este extremo.

“Hay que desmentir la intencionalidad que hay detrás de esa cifra extrapolada. Es mentira, el Defensor del Pueblo no da esos datos”, dijo con contundencia el cardenal de Barcelona. Así, compartió que “si seguimos  las cuentas matemáticas, todos los sacerdotes estaríamos en la dinámica de los abusos”.

No son números

“Las víctimas no son números y no podemos jugar así con ellas. Esa misma fórmula aplicada a las familias sería tan descabellada y alucinante que prácticamente en cada familia habría un episodio de abusos”, denunció el portavoz de la Conferencia Episcopal. En cualquier caso, García Magán explicitó que “no podemos basarnos en un tema cuantitativo sino cualitativo: un solo caso es un escándalo”.

Siguiendo con  esa extrapolación cada sacerdote o religioso español habría abusado de hasta diez personas. Con este punto de partida, el secretario general defendió la labor de los curas y consagrados “no con carácter corporativista, sino en honor de la verdad y la justicia”. “La inmensa mayoría de nuestro sacerdotes y religiosos están trabajando fiel y abnegadamente para el Pueblo de Dios prestan un servicio espiritual y de acompañamiento, es de justicia y de verdad hacer esa reivindicación”, sentenció. Es más, apostilló que “extender una sombra de sospecha sobre los sacerdotes, es injusto”.

“Felicito a los sacerdotes que trabajan con toda entrega y toda necesidad”, completó el presidente de los obispos, que aprovechó para rebatir que “como los sacerdotes son célibes, son propensos al abuso, cuando la mayoría de los abusos se dan en la familia, donde están casados”.

Preguntado por el hecho de que pudiera haber obispos encubridores en casos de abusos, en concreto, respecto al caso del sacerdote de Toledo condenado a siete años de prisión por abusar de un seminarista menor, García Magán detalló que “a fecha de hoy, 31 de octubre, 10:06 de la mañana, no hay ningún obispo que esté formalmente encausado en vía civil o canónica sobre ese tema”. A partir de ahí, dijo que “yo comparezco como secretario general” en invitó a dirigirse “a la oficina de información de la diócesis correspondiente” para recibir información sobre el suceso concreto.